Los principales dirigentes empresarios decidieron ayer pedirle una audiencia a Néstor Kirchner con el objetivo de que busque una solución razonable al problema creado por el insólito fallo de la Corte Suprema eliminando los topes a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Es difícil prever cuál será la actitud que asumirá el Presidente, dada su reticencia a recibir esta clase de reclamos y la actitud por lo menos ambivalente que mostró hasta ahora su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en relación con esta ríspida cuestión.
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El pedido de audiencia surgió de la reunión que mantuvo ayer el denominado Grupo de los Siete en la sede de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); además del dueño de casa Carlos de la Vega concurrieron Alberto Alvarez Gaiani (Unión Industrial), Carlos Wagner (Cámara Argentina de la Construcción), Jorge Brito (ADEBA), Luciano Miguens (Sociedad Rural), Ricardo Grether (CRA) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires); el tema único del encuentro fue la situación que se generó a partir del mencionado fallo en el régimen de Riesgos del Trabajo. «Los hechos de conocimiento público han impactado la previsibilidad y asegurabilidad del sistema, alentando la industria del juicio donde -especialmente en las pymes- ganan algunos abogados y peritos, y pierden la producción y el trabajo», dice un comunicado distribuido ayer luego de la reunión. Es un hecho que lo que más preocupa a los empresarios no es sólo la posibilidad de tener que pagar enormes indemnizaciones -que en el caso de muchas pymes hasta excederían el valor de la propia empresa- sino que esos montos terminen en manos de abogados «especialistas en juicios». En la reunión, los dirigentes coincidieron también en «la necesidad de preservar un régimen de seguro que garantice la protección de los trabajadores y la prevención, así como la rehabilitación y reinserción laboral de los mismos en caso de accidentes».
Otra de las preocupaciones que generó el fallo es la casi imposibilidad de conseguir pólizas de seguros, ante la certeza de que no hay topes a los montos que deberían abonarse. En el comunicado dicen que «se coincidió en que era fundamental contemplar alternativas que garanticen la asegurabilidad, en un contexto en que la cobertura de los trabajadores, la disminución de los accidentes y la defensa del empleo en sector formal de la economía sean los ejes de cualquier adecuación normativa.» Según el mismo comunicado, la decisión de pedirle a Kirchner que los reciba con semejante temario en carpeta apunta a que «con participación de trabajadores y entidades empresariales se adopten medidas que garanticen la continuidad y eficacia del régimen tanto para los trabajadores, la generación de empleo y la viabilidad de las empresas». Se verá.
