Empresas de celulares, a la guerra contra Aguiar

Las empresas de telefonía celular se pintan la cara: después del recurso jerárquico presentado ante la Secretaría de Comunicaciones por Movicom la semana pasada, se supo que las demás operadoras estarían preparando movidas similares para «dar vuelta» la resolución del secretario Henoch Aguiar, que suspendió la aplicación del «paga el que llama» (CPP) entre móviles.

«Es intolerable: el secretario nos llamó ladrones, protagonistas de maniobras dolosas y términos similares, cuando lo único que estábamos haciendo era cumplir con una norma que él mismo había defendido a capa y espada 48 horas antes de suspenderla», dijo un empresario del sector, poco después de salir de la reunión que mantuvieron el viernes con el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos.

En el encuentro le habrían adelantado al ministro su voluntad de imitar la apelación legal hecho por Movicom, con el agregado de que, de no encontrar eco ante la secretaría, apelarían a la Justicia ordinaria para que se escuchen unos reclamos que aseguran que son justos.

Enojo

Además de las complicaciones operativas y de las pérdidas que -dicen-les causa la no instrumentación del CPP, los empresarios están muy enojados con Aguiar justamente por esas expresiones que califican de «poco felices».

El enojo, sin embargo, es sólo comparable con el desconcierto que les provocó el cambio de posición de Aguiar, un favorecedor «histórico» del CPP, incluso desde los días en que asesoraba a las telefónicas. Curiosamente, Aguiar había conseguido los mejores apoyos el año pasado entre las empresas de celulares, en la dura pelea que se planteó por la desregulación total del mercado.

En la industria, un rumor indica que el secretario habría encontrado en esta táctica una manera de permanecer en su cargo, ante el embate que habría sufrido por parte del asesor presidencial, Nicolás Gallo, de quien lo separa una vieja enemistad. «Algunos pensaban que estaba a punto de ser despedido, y entonces imaginó la siguiente táctica: 'Si me echan, que sea por salir a defender a los consumidores de un supuesto abuso de las prestadoras; y si la movida me sale bien, me quedo'», dice otro empresario.

Lo cierto es que Aguiar, en una nota firmada por él el 25 de abril (la 143), manifestaba su total acuerdo con el cambio a CPP. «Las empresas no vamos a ganar nada; además, 85% de las llamadas a/o desde celulares se hace a la red pública; de 15% restante, la mitad es entrante y la mitad saliente: por eso, la incidencia de este cambio sobre la factura del usuario promedio es casi nula», asegura el informante.

Aguiar basó su «cambio» en medio centenar de llamadas hechas a los «call centers» de las prestadoras por personal de su secretaría, consultando las características y los precios de la nueva modalidad de facturación.

Como cualquier usuario de algún servicio que haya debido comunicarse con estos centros de atención al público sabe, la preparación de los jóvenes telefonistas sobre las dudas que deben evacuar es casi nula, por lo que las respuestas fueron entre insatisfactorias y directamente ridículas («es parte del impuestazo del 'Mingo'», habría contestado una).

«Tuvimos 90.000 llamadas semanales en cada empresa; que Aguiar se base en cincuenta para acusarnos de aplicar un aumento disimulado para engañar a los clientes es de una mala fe injustificable», dice el empresario.

En este momento, además de perder plata por menor consumo y morosidad, las empresas de celulares también están aplicando un descuento de 20% sobre el minuto entre móviles, pactado al momento de instrumentarse el CPP.

No se entendería, entonces, la insistencia de las empresas por aplicar el «paga el que llama», de ser cierto el hecho de que no influirá en sus balances ni en la factura del usuario. «La palabra clave es fraude», dice un portavoz de la industria.

Disfraz

Según aducen las prestadoras, se está utilizando un método denominado «tromboning» para evadir el pago de minutos «disfrazando» las llamadas como si fueran hechas desde el exterior. «El método es 'sacar' la comunicación a Paraguay o Uruguay, y hacerla volver a un celular acá; por supuesto, paga el que recibe. Algo parecido se está haciendo con la telefonía pública y los locutorios», dice, sin dar demasiados detalles para no despertar la codicia de los ingeniosos.

Los días que vienen podrían ser decisivos, tanto para el CPP como para la suerte de Aguiar. Mañana todas las empresas del sector (Unifón, Personal, Movicom, Nextel y CTI) concurrirán a Diputados a explicar la situación; esperan convencer.

Del otro lado, no deja de ser llamativo el hecho de que Aguiar no haya sido invitado a la reunión que tuvieron esos grupos con Bastos; también en la administración estarían cuestionándole que se hubiera erigido de manera unilateral en autoridad de aplicación del mercado de telecomunicaciones, cuando en la suspensión del CPP debería haber intervenido la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).