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En días recientes, algunos holdouts habían pedido al Departamento de Justicia que no apoyara al país.
La decisión de Griesa que anula las órdenes que frenaban los pagos de los bonos argentinos tuvo como condición que Argentina derogara dos leyes relacionadas con su deuda y pagara a los acreedores que alcanzaron acuerdos con el país al 29 de febrero.
Argentina pidió levantar las órdenes después de que el 5 de febrero ofreció arreglar las demandas de varios tenedores de bonos, derivadas de su default récord de 100.000 millones de dólares del 2002.
Las órdenes en cuestión impedían que Argentina cancelara los servicios de su deuda reestructurada hasta que pagara a los inversores que rechazaron los canjes de bonos del 2005 y el 2010.
Esas reestructuraciones resultaron en que un 92% de su deuda en default fuera intercambiada y se pagara menos de 30 centavos por cada dólar a los inversores.
Argentina alcanzó acuerdos en principio para abonar más de 6.500 millones de dólares a los acreedores, incluyendo 4.650 millones de dólares a cuatro de los mayores acreedores en la disputa, entre ellos NML Capital y Aurelius Capital Management.
Pese a esos acuerdos, tenedores de bonos como NML apelaron la decisión de Griesa, afirmando que estaba sesgada y que el juez había abusado de su discreción.




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