A más tardar el viernes, el gobierno deberá definir si continúa incumpliendo con el Banco Mundial (tal como fue hasta ahora la estrategia adoptada con el central argumento de mantener el nivel de reservas y no comprometerlo sin que haya un entendimiento definitivo con el Fondo Monetario Internacional) o, por el contrario, si decide pagar la deuda de u$s 805 millones que quedó pendiente el 14 de noviembre. En caso de una decisión negativa, el organismo suspenderá automáticamente el desembolso de créditos por cerca de u$s 1.800 millones para ayuda social ya aprobado para el país.
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«El tema lo seguimos estudiando y la decisión final la anunciaremos a último momento», explicaron desde el Ministerio de Economía ayer. Al no haber avances en las negociaciones con el FMI, se aleja la posibilidad de utilizar reservas para cumplir con organismos, pero en el Palacio de Hacienda prefieren no precipitar definiciones. Además, deberán definir si se devuelve al Banco Mundial la garantía de u$s 250 millones que tuvo que pagar el organismo a mediados de octubre por el vencimiento de un bono emitido por la Argentina en 1998. En caso de no pagarse (el escenario más probable), el título perdería definitivamente esta garantía especial.
El default de la Argentina ya provocó sanciones de la entidad que preside James Wolfensohn, y en un supuesto escenario de incumplimiento se agravaría. Al cumplirse el 14 de noviembre los 30 días de gracia por el crédito que vencía a mediados de octubre, automáticamente suspendió la aprobación de nuevas líneas de préstamos para el país (abarca al gobierno central, empresas y provincias). Por ejemplo, el organismo estaba a punto de aprobar un crédito especial de u$s 600 millones para financiar el plan Jefas y Jefes de Hogar en 2003, pero la cuestión no fue tratada ante el incumplimiento de la Argentina.
El próximo sábado, 14 de diciembre, se cumplen dos meses de atraso, lo cual gatilla nuevas sanciones. Lo fundamental es que caerían futuros desembolsos del organismo dirigidos, por ejemplo, a programas sociales en distintas provincias argentinas. Sólo para provincias como Santa Fe, Córdoba y Catamarca esos desembolsos estaban programados para el inicio del próximo año, aunque cada caso particular prevé situaciones especiales y también efectos propios. En el caso de la administración de Carlos Reutemann, los fondos estaban dirigidos a proyectos de reforma administrativa del Estado. En Córdoba, se modificó al plan original, que era capitalizar el banco provincial en el marco del proyecto finalmente caído de privatización, y se los iba a utilizar para rescatar en forma anticipada los bonos provinciales. En Catamarca sí afectaría planes de obras públicas. Por lo tanto, aunque no sólo por lo que les costará a las provincias, se trata de una decisión delicada que deberá adoptar el gobierno, aunque nadie juega demasiadas fichas a las chances de no caer en una situación más complicada.
