Esta vez, el Fondo no pidió subir impuestos

El gobierno argentino se comprometió ayer ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a implementar, en el menor tiempo posible, más de 15 medidas que integrarían un «plan general» para aumentar la recaudación. Entre otras decisiones, la Argentina deberá crear seis tribunales fiscales, enviar un proyecto de ley que deje sin efecto cualquier posibilidad de capitalizar empresas con deudas tributarias por parte del fisco, prohibir al Ejecutivo llamar a una nueva moratoria, reglamentar el bloqueo fiscal y avanzar en la reforma del organismo. El FMI esta vez no reclamó la creación de nuevos impuestos o suba de alícuotas de los vigentes.

Todo este plan fue explicado largamente ayer por los responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al enviado del Fondo, Anoop Singh, en la primera visita que hizo a la sede del organismo recaudador. El responsable de la AFIP, Alberto Abad; el director de la DGI, Horacio Castagnola, y el titular de la Aduana, Mario Das Neves, recibieron al técnico indio con un ambiente austero, un almuerzo en el salón Tacchi del primer piso del edificio de la AFIP que funciona en la sede del Banco Hipotecario. Puntualmente, a las 13, Singh llegó a la cita acompañado por el secretario de Finanzas, Lisandro Barry, como delegado oficial del Ministerio de Economía.

La primera frase del indio, ante los platos con sándwiches de miga y pequeñas empanaditas de hojaldre, fue comprensiva para los recaudadores argentinos. Con el inseparable traductor a su derecha dijo: «Tengo absoluta comprensión de la situación de ustedes y de las consecuencias de la recesión en la caída de la recaudación», y sin mencionar nombres, apellidos o instituciones vinculó veladamente los mayores problemas de la Argentina con las provincias y la situación política. Con notable amabilidad, y siempre antecediendo cada pedido con un «por favor», «si es usted amable» o «por gentileza», pasó lista a los temas que quería aclarar sobre la recaudación local.

Como viene ocurriendo en cada una de las reparticiones oficiales por las que circuló Singh, impresionó por cierta sencillez en el trato, pero más por la implacable memoria sobre las promesas de gobiernos pasados y los números concretos de las cuentas fiscales del país. En el primer capítulo, Abad tuvo que dedicar varios minutos para aclarar dos de las principales quejas de Singh. La primera fue la forma en que desde la AFIP se desmantelaron los fallidos planes de competitividad que en su momento inventó Domingo Cavallo para sacar al país de la recesión. Singh estaba muy al tanto de estos planes, que les permitían a diversos sectores descontar de IVA los aportes patronales. Sólo pasó a otro tema cuando los técnicos impositivos demostraron con cuadros y planillas preparadas ad hoc que ya no hay grandes empresas tomando IVA a cuenta por estos planes.

Inmediatamente pasó al segundo tema que le molestaba. El enviado del Fondo desempolvó los ya caducos «planes de capitalización», que en su momento se hicieron famosos con el título «Hospital de Empresas» y que les permitían a éstas las empresas con deudas ante la AFIP canjearlas con el Estado a cambio de acciones de esa compañía. Singh sólo se quedó tranquilo cuando se le garantizó que esta idea de Cavallo será desarmada a través de una ley del Congreso «que no tendrá problemas en ser aprobada», según el propio Abad. En la misma explicación, el titular de la AFIP le adelantó que inmediatamente se enviará al Poder Legislativo la prohibición para que el Ejecutivo no pueda reglamentar más moratorias impositivas.

Se habló luego de la creación de tres juzgados dentro del Fuero Penal Tributario y que se ocuparán exclusivamente de atender en temas de evasión impositiva. Abad explicó que, en el segundo semestre, éstos ya comenzarán a estar trabajando, que los 6 millones de pesos para ponerlos en funcionamiento están disponibles y que ya hay tres nombres que el Consejo de la Magistratura envió al Senado para su evaluación.

Abad explicó luego que, sin necesitar una nueva ley, se levantará a través de un decreto de necesidad y urgencia el derecho de «bloqueo fiscal», pero aclarando que sólo se podrá aplicar hacia el futuro. Esto quiere decir que los contribuyentes podrán ser investigados hasta en cinco años hacia atrás, aunque en el ejercicio último sus números impositivos estén en orden.

• Interés

Singh se interesó luego por las consecuencias que el «corralito» tuvo en la recaudación. Castagnola mostró entonces la situación en diciembre y enero (donde los recursos cayeron más de 30% en comparación con una año anterior). Allí Singh lanzó una pregunta clave. «¿Hay rebelión fiscal?», consultó. Abad y Castagnola eligieron como argumentación los resultados de la moratoria impositiva que venció el lunes. Según Abad, «si bien existen sectores que atraviesan serias dificultades financieras, y que derivan en incumplimientos tributarios, con este llamado se advierte que un amplio número de contribuyentes manifestó su voluntad de cumplir con el fisco».

Singh pasó a otro tema clave: «¿Cómo inciden los bonos provinciales en el pago de impuestos?». Con un cuadro a modo de organigrama, Abad explicó la forma en que un contribuyente liquida un LECOP o un Patacón ante la AFIP y cómo ese tributo vuelve a las provincias, sin que desde el organismo recaudador puedan hacer algo para rescatarlo. Como se dio cuenta de que no era en la repartición impositiva donde se puede hacer algo para que haya menos bonos provinciales en circulación, Singh dio por terminado este capítulo.

Finalmente todos los comensales de la reunión se despidieron hasta el viernes. Ese día Abad, Castagnola y Das Neves volverán a rendir examen ante el amable Singh, pero en un tema aun más complicado: analizar las metas de recaudación que figuran en el presupuesto.