Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el paquete impositivo que anunció el Ministerio de Economía en los días previos al acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional, no será suficiente para cumplir el objetivo de terminar la gestión de Alberto Fernández con un déficit fiscal primario del 1,9% del PBI. A criterio de la tradicional entidad que dirige el economista Nadín Argañaraz, va a ser necesario sumar una reducción del gasto un poco más severa de la que se venía produciendo hasta ahora.
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El IARAF advierte que el paquete impositivo lanzado la semana pasada suma ingresos por 0,9% del PBI, pero por la sequía se perdieron recursos equivalentes al 1,1%. Para llegar al 1,9%, se necesitaría 0,6 puntos de ajuste de gasto primario.
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Ministerio de Economía
“Teniendo en cuenta que a raíz de la sequía los ingresos tributarios caerían alrededor de 1,1% del PBI, compensada parcialmente en 0,9% del PBI por la introducción de nuevas medidas de ingresos a partir del 24 de julio, el gasto sería el que tiene que hacer el esfuerzo residual adicional para cumplir la meta”, se señala en el último informe del IARAF.
De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el gasto primario debería finalizar el año en 19,7% del Producto Bruto Interno para lograr el objetivo. Teniendo en cuenta las erogaciones acumuladas en el primer semestre, el IARAF señala que “el gasto primario en 2023 tendría un descenso real del 6% y de 0,6 puntos porcentuales respecto del Producto de 2022”.
Según se desprende de la información conocida hasta el momento, el acuerdo de corto plazo con el FMI se focalizará en el aspecto fiscal, más que en lo referido a las reservas internacionales. Argentina tendría que acumular entre agosto y diciembre al menos unos u$s8.000 millones para terminar en u$s1.000 millones positivos, lo que a la luz de lo ocurrido a lo largo de 2023 luce poco viable. Por otro lado, el Ministerio de Economía se compromete a no usar más asistencia monetaria del Banco Central, ya sea vía Adelantos Transitorios o Transferencias de Utilidades. Este año el uso de ese recurso financiero fue por $1,8 billones, unos $700.000 millones más que lo estipulado en el acuerdo. De ellos, $150.000 millones son transferencias de utilidades. Además, si se toman los últimos datos del monitor de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), la deuda flotante, es decir el gasto generado pero todavía no pagado, alcanzó a $1,3 billones. Es decir, hay un escenario complejo desde el punto de vista fiscal.
El IARAF plantea además que en el primer semestre el ajuste del gasto en términos reales venía siendo del 4,8% respecto de 2022, que al anualizarlo daba 5,4%. En términos prácticos se tendría que hacer un ajuste de las erogaciones algo más fuerte de lo que se venía haciendo hasta ahora. Probablemente, eso surja de una caída de los subsidios económicos por aumento de tarifas o de transporte público.
En cambio, la consultora Quantum que dirige Daniel Marx, luce como más pesimista. El paquete impositivo y cambiario implementado por el ministro de Economía, Sergio Massa, representa una “devaluación fiscal” del orden del 24%, pero será insuficiente para alcanzar la meta reconfirmada. Estima que, a pesar de su impacto en la recaudación, el año cerraría con un desvío de 0,6 punto porcentual, es decir, con un rojo del 2,5%.
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