FMI vuelve a presionar por ley de bienes culturales

La revisión del programa económico por el FMI del próximo 20 de febrero reflota un debate clave de la Argentina pos-devaluación: los auditores han pedido que se modifique el régimen de protección a las empresas productoras de bienes culturales, es decir, las de medios y entretenimientos, que sancionó el Congreso el año pasado. Esa ley limita la participación de capital extranjero en esas empresas a 30%, una medida que se votó como forma de protección ante acreedores, pero que redunda en beneficios discutibles. También insistirá en la eliminación del impuesto al cheque, la coparticipación federal la auditoría de bancos públicos.

La introducción de posibles cambios -o incluso la derogación- de la ley de bienes culturales, también conocida como «ley Clarín», será uno de los temas centrales que la nueva misión del FMI pondrá bajo la lupa en su próxima revisión, prevista para el 20 de febrero. De hecho, los técnicos del organismo pidieron al Ministerio de Economía que efectúe un informe exhaustivo para determinar «si las exenciones deben ser de alcance más limitado», en obvia referencia a las excepciones que el gobierno definió el año pasado para determinadas empresas englobadas en la figura de «culturales».

Por supuesto, la aprobación de la segunda revisión de las metas dependerá de los avances que se hagan con la renegociación de la deuda. Pero también hay otros puntos que deberán cumplirse -dentro de las metas estructurales- para pasar positivamente el examen.

• Para analizar

Estos serán los principales puntos que serán analizados por el FMI para determinar si el gobierno avanzó o no con las metas pautadas, más allá del sobrecumplimiento fiscal y monetario:

• Futuro de la ley de bienes culturales: el trabajo sobre su tratamiento futuro está en plena etapa de elaboración bajo la órbita de la secretaría de Coordinación Económica, a cargo de Leonardo Madcur. En 2002, el Fondo se puso firme para que se volviera a una ley de quiebras similar a la vigente hasta 2001 para proteger el derecho de los acreedores, tras la aprobación de una nueva ley votada tras la devaluación con el objetivo de darle protección a los deudores.

Pero si bien se reintrodujo la figura del «cram down», es decir, la posibilidad de que los acreedores de una empresa terminen quedándose con la compañía en caso de deudas impagas, luego el Congreso votó una ley para exceptuar a las empresas culturales, entre ellos, medios periodísticos. Según esta normativa, ninguna empresa encuadrada dentro de estas características puede ser adquirida en más de 30% por un grupo extranjero dentro del proceso de «cram down».

• Reducción del impuesto al cheque: la carta que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, envió al FMI para conseguir la aprobación de las metas establece que se avanzará en «una disminución del impuesto a las operaciones financieras durante el primer semestre de 2004», claro que lo condiciona a la aprobación en el Congreso de «medidas impositivas compensatorias», es decir, el impuesto a los cigarrillos. Sin embargo, el lunes el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, aseguró que no se avanzará en el primer semestre del año con la reducción del impuesto al cheque, lo cual puede generar nuevos conflictos con el staff del Fondo.

• Redacción de ley de coparticipación: se trata de uno de los temas en que más insistencia pone el FMI, luego de varios años de tratamiento frustrado. El gobierno está en plena elaboración de una legislación que debería estar lista para su envío al Congreso a más tardar en marzo. Sería una de las leyes más complicadas de aprobar durante 2004 debido a los intereses en juego de la Nación y de cada provincia.

• Licitación para auditar a bancos públicos: tras haber fracasado el proceso que tenía originalmente financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno se compromete a iniciar uno nuevo este mes, que debería concluir en octubre. Se trata de una auditoría exhaustiva sobre el Nación y el Provincia. Tendría un costo que no superaría los u$s 3 millones, pero no hay demasiada predisposición oficial para avanzar.

• Nueva ley para controlar a las privatizadas: otro compromiso de Lavagna es avanzar hacia «un esfuerzo adicional para fortalecer el marco regulatorio» de las compañías. Establece la creación de mecanismos efectivos para monitorear los contratos y permitir su eventual modificación. Además, se creará la tarifa social para garantizar el acceso al servicio de sectores relegados económicamente. Apuntan a «electricidad, gas y agua». En marzo debería presentarse la nueva legislación al Congreso.

• Elección de bancos para reestructurar la deuda: está íntimamente ligado a las señales que el gobierno pueda dar en materia de renegociación. Si logra conformar el sindicato tal como fue comprometido, puede ser interpretado por el FMI como un dato clave que muestra «buena fe» para avanzar en un acuerdo con los acreedores. Pero si el equipo económico no llega a tiempo, podría dar una señal muy negativa que haga peligrar la aprobación de la segunda revisión.