“El sendero fiscal es el punto en el que hoy no hay acuerdo”, reveló el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los gobernadores. Mientras que Argentina busca alcanzar el equilibrio fiscal en 5 años (2027), el FMI quiere que sea en 2 años (2024). Según pudo saber este diario, hace meses que el staff técnico no se mueve “ni una coma” en este punto, lo que derivó en el armado de una estrategia geopolítica del Gobierno ante la cercanía de marzo, mes donde los vencimientos se tornan impagables.
Déficit cero: dicen que acercar plazos con FMI haría crecer la tensión social
Según analistas, acelerar la baja del déficit generaría fricción con el “equilibrio social”. Fuerte crecimiento del PBI y gasto previsional indexado, los desafíos del Gobierno.
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Analistas económicos consultados por Ámbito aseguraron que para que esa diferencia pueda saldarse en algún punto intermedio, no alcanzará solamente el crecimiento económico, más aún en un país que en 2022 volverá a crecer dos años seguidos por primera vez después de una década. Si bien anticiparon que en 2022 el déficit fiscal podría estar cercano al 2% del PBI, destacaron la dificultad de bajar el gasto público, dado que su principal componente está indexado.
Si bien el déficit fiscal primario previsto por Guzmán para 2022 en el presupuesto rechazado era del 3,3% del PBI, podría bajar hasta aproximadamente el 2,4% del PBI este año, según Marcelo Capello, economista jefe de la Fundación Mediterránea. Capello explicó que para “acercarse” a las pretensiones del FMI se necesitan dos vías: menor gasto en subsidios, “lo que implica aumento de tarifas en energía y transporte, focalizados en usuarios de ingresos altos y medios, lo que minimiza el costo político”; y, aumentar el resto de las partidas como “máximo” como la inflación esperada, “con lo cual, si hubiera alguna suba del PBI real, implicaría bajar el déficit, porque los recursos subirían más rápido que las erogaciones”.
Hacer proyecciones en este contexto de incertidumbre no es para nada sencillo para los economistas. En este sentido, Capello afirmó que, si el Gobierno necesita alcanzar un superávit primario en dos años, para así poder cerrar con el FMI, necesitará cumplir exigentes condiciones. Primero, que el crecimiento sea “sostenible”, con un paso “lento pero seguro”, con subas anuales del 3% del PBI y aumento en las exportaciones mayores a la suba del PBI, para tener dólares que financien el crecimiento. Segundo, “exhibir sustentabilidad fiscal” y cumplir con los pagos de la deuda. Para eso se necesitará “superávit primario”, pero también bajar el riesgo país, para volver a los mercados internacionales, y así poder hacer rollover de total de la deuda pública y el 90% con privados, junto con un tipo de cambio de equilibrio.
En tanto, para Nicolás Zeolla, economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), el problema del gasto público es que “el 60% está indexado por ley de movilidad, por lo que tiene una alta rigidez para caer discrecionalmente”. Por lo que, con esta estructura de gastos, llegar al equilibrio fiscal en dos años es muy difícil, con crecimiento no alcanza, y se “pondría en tensión el equilibrio social”, anticipó. Por este motivo, destacó que donde el Gobierno podría tener “margen discrecional” podría ser en bajar gastos de capital, tal como se hizo en 2018 y 2019.
“Estar atado a una política fiscal y monetaria que te impone el FMI es un retroceso en la política económica soberana y de cualquier plan de mejorar la calidad de vida de la gente, el empleo, la industrialización y el desarrollo”, opinó Zeolla. Por último, está la variable inflacionaria: una aceleración de la inflación “favorece” la consolidación fiscal, mientras que, por el contrario, si baja la inflación los gastos indexados adquieren mayor peso.
Para Héctor Torres, exrepresentante argentino en el FMI, la brecha sobre los plazos fiscales “esconde diferencias más profundas”. El abogado explicó que el déficit se explica fundamentalmente por el gasto previsional (jubilaciones y subsidios de ANSES), y que si el gasto previsional crece más que el empleo formal “no se puede llegar al equilibrio sin un recorte del gasto que podría ser socialmente desestabilizante”. Por ese motivo, consideró que para que el programa tenga éxito “es indispensable que incluya reformas que hagan que las empresas vean en un aumento de la demanda, una oportunidad para invertir y contratar”.
“Más importante que discutir el número de años para llegar al equilibrio fiscal, es ponerse de acuerdo sobre las reformas que permitan alentar la inversión privada y la creación de empleo formal”, opinó Torres. “Para el FMI el programa a 10 años es una oportunidad para introducir reformas estructurales en forma gradual y socialmente responsable”, agregó. El Gobierno descartó reformas de tipo estructural y según pudo saber este diario el FMI no presentó una receta para bajar el gasto, sino el pedido de llegar a las metas en determinado período.
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