Economía

Negociación "fast track" de la deuda externa: la idea de Alberto Fernández

Dos motivos potencian la aceleración: el abultado cronograma de vencimientos que se acumula desde abril y el pedido de empresas privadas para poder volver al mercado voluntario.

Negociación “fast track”. Así define el “albertismo”, como un acuerdo rápido, la negociación que quiere encarar con los acreedores externos, tanto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como con los privados externos e internos. La intención es abrir ya en diciembre el marco negociador, acelerar los tiempos con propuestas que se plantearán antes que termine 2019 y cerrar ambos acuerdos durante el primer trimestre de 2020. El motivo para abrir una negociación rápida es doble: el cronograma de vencimientos de deuda y la disponibilidad de reservas para cumplir con los compromisos programados y los pedidos que le hicieron muchas empresas privadas al propio Alberto Fernández (especialmente petroleras), sobre la necesidad de salir a colocar deuda en el exterior lo más rápido posible.

Los vencimientos de deuda externa en dólares que se acumulan entre diciembre y marzo llegan a los u$s7.651 millones, una cifra alta pero que es manejable con los niveles de reservas que, se espera, quedarán en el Banco Central al 10 de diciembre. Según las proyecciones oficiales (en las que coincide el “albertismo”), los dólares acumulados en la entidad llegarían a los 14.000 millones, de los cuales unos 11.000 millones figuran como de libre disponibilidad y, en consecuencia, utilizables para pagar la deuda. Reconocen cerca del presidente electo que el ritmo de compras actual por parte de la entidad ayuda y mucho a la posibilidad de recuperar los dólares de libre disponibilidad. Desde la aplicación del cepo hard ya se recuperaron unos 1.600 millones de dólares en compras diarias por parte del BCRA, y se estima que la cifra superaría los u$s2.000 millones. Se supone, además, que habrá una aceleración en la liquidación de exportadores en los próximos días, en parte por los temores generados por las medidas que pueda tomar el próximo gobierno de encarecimiento de la presión tributaria para este sector. Con este panorama, confían en el “albertismo”, estarían los dólares disponibles para cumplir con todos los vencimientos de deuda acumulados hasta marzo del año próximo, incluyendo un pago en diciembre de unos u$s600 millones de la liquidación de intereses del legendario bono a 100 años. El problema de los vencimientos es la aceleración que comienza en abril y se profundiza en mayo. Según el cronograma oficial, en el cuarto mes de 2020 vencen unos u$s2.890 millones, mientras que en el quinto unos u$s5.610 millones. Ambos montos suman unos u$s8500 millones, los que sumados a los 7.651 del primer trimestre suman u$s16.151 millones, un número imposible de afrontar con el nivel actual de reservas. Mucho menos sin el auxilio del FMI.

El segundo motivo por el cual se buscará un acuerdo rápido, es el pedido de muchas grandes empresas que se encontraron con Alberto Fernández en estos tiempos de, hasta ahora algo fallida, transición; y que le reclamaron llegar rápido a un acuerdo de deuda con los acreedores para poder salir al mercado a buscar financiamiento. Especialmente están interesados en este proceso las petroleras ya radicadas en Vaca Muerta. Hubo un último caso que entusiasmó a los mercados: la colocación del viernes de la semana pasada de un bono por u$s120 millones al 5% anual de parte de Pan American Energy (PAE), operación que, más allá del monto simbólico, demostró que el mercado está dispuesto a abrir las posibilidades de colocaciones de empresas, algo prácticamente vedado hasta que el país haya despejado sus problemas de deuda por un plazo largo.

La intención del oficialismo ante la oferta a los acreedores sigue siendo la misma que hace un mes: cuatro años de plazo sin pagos pero sin quita; acelerando las negociaciones con los privados para luego presionar al FMI para que avale lo firmado con los principales acreedores financieros. En el caso del organismo financiero internacional, y tal como aseguró este diario, no hay problemas en que continúe firme el apoyo político directo del Gobierno de Donald Trump. “Todo bien con Trump” aseguró a este diario una alta fuente del “albertismo”, asegurando que, según la visión del próximo presidente, los ruidos provocados por la situación en Bolivia no generaron alteraciones en la estrategia para el tratamiento futuro de la deuda externa del país y, especialmente, en el apoyo que Donald Trump prometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las fuentes locales aseguran que desde la administración Trump se entendió que las declaraciones del próximo presidente sobre el aval del norteamericano al golpe y el nuevo gobierno boliviano “son cuestiones de soberanía con las que aprenderemos a convivir”, insistiendo además en que “no influyen en el apoyo de Trump al país ante el FMI”. Las mismas fuentes afirmaron que las preocupaciones en Buenos Aires parten por otro tema: la situación del mexicano Alejandro Werner como director gerente para el Hemisferio Occidental del FMI y las dudas sobre su permanencia en el cargo. Y, en consecuencia, como principal conductor del acuerdo con la Argentina y las futuras negociaciones entre el país y el organismo. Según la información que circula dentro de los grupos de asesores de Alberto Fernández que trabajan en la relación con el FMI, la situación del mexicano-argentino como número tres del Fondo es hoy algo endeble. La causa de esta situación es, precisamente, la ya segura caída del mega-acuerdo que el organismo mantiene con el país, lo que derivará inevitablemente en el mayor fracaso en la historia de los créditos otorgados por el FMI en toda su historia, tanto por el monto otorgado (u$s56.000 millones), lo que representa el 47% del total de los préstamos colocados. El FMI le entregó ya al país unos u$s44.000 millones, y aún quedan pendientes tres últimas transferencias, incluyendo el suspendido giro por u$s5.400 millones que aún quedan pendientes; dinero que, por otra parte, los asesores de Alberto Fernández dudan en reclamar. La principal defensora del acuerdo entre el FMI y la Argentina era Cristine Lagarde, quien ya no está en el organismo y dejó su puesto a la búlgara Kristalina Georgieva, la que aún no emitió opinión (al menos pública y oficialmente) sobre el futuro de la relación con el país. Ante la ausencia de Lagarde y la indefinición de Georgieva, el responsable máximo del crédito y su caída es Werner, ya que el número dos del Fondo, el norteamericano David Lipton, siempre fue crítico de las flexibilidades que se le iban aprobando al país.

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