¿Qué pretende el FMI? ¿ayudar o fundir a la Argentina?

Economía

El gran atascamiento que hay en la negociación con el FMI no se debe a las declaraciones públicas expresadas por el Presidente y la vicepresidenta. Ellos vienen pagando un alto costo al expresar la gran verdad: así no se puede pagar.

No era ningún misterio para nadie que la negociación con el FMI estaba atascada dado que no hay acuerdo entre lo que el Gobierno argentino pretende y lo que los funcionarios técnicos del FMI ofrecen como “hipótesis de máxima”. Eso no es otra cosa que un Crédito de Facilidades Extendidas, el cual el FMI ofrece generalmente a países con problemas estructurales de balanza de pagos. Argentina encuadra prácticamente “de cabeza” en esa categoría de países, por lo que no hubo obstáculo alguno a que la negociación comenzara viento en popa. El gran problema sobrevino cuando hubo que empezar a discutir el plazo de ese crédito del FMI. Ese crédito será gigante -nada menos que u$s45.000 millones- porque el FMI incumplió su reglamento que establece como límite máximo de préstamo para un país el 500% de la cuota en ese organismo. La cuota argentina en el FMI desde agosto de 2016 es de 3.187,3 millones de DEG. Como la cotización del DEG es de alrededor de 1,42 dólares y mucho no ha variado, Argentina en ningún caso podría haber obtenido más de u$s22.600 millones. Sin embargo el FMI otorgó u$s57.000 millones. Vale decir, un 152% más allá de lo permitido por sus propias normas. En el Crédito de Facilidades Extendidas que ahora se negocia para devolver los u$s44.000 millones que se usaron de ese crédito debería poder contemplarse que el plazo de repago de la deuda fuera de 20 años en vez de los 10 que se suele permitir. La cifra no es antojadiza. Si en última instancia Argentina utilizó 100% más del máximo permitido, el plazo de repago también debería ser 100% superior al máximo usual. Los técnicos del FMI se niegan a considerar esta posibilidad porque está fuera de la norma para un Crédito de Facilidades Extendidas. Y allí sobreviene el atasco en la negociación. El peligro es que ese atascamiento se convierta en una verdadera olla a presión que termine politizándose al calor de la campaña electoral. Eso puede ocurrir. La vicepresidenta viene advirtiendo cada vez con más fuerza que Argentina no puede pagar su deuda. Aunque eso pueda caer mal en los mercados, a la vicepresidenta no le falta la razón. ¿Por qué? Hagamos las cuentas: Argentina refinanció su deuda externa otorgando nuevos bonos a cambio de los viejos. Estos nuevos bonos vencen en 2030, 2035, 2038 y 2041. Entre 2025 y 2030 vencen en total más de u$s27.000 millones de capital. Hasta ahora, nada indica que Argentina pueda volver a los mercados internacionales de crédito para poder pagar esa cifra. De hecho, en lo que va del siglo, Argentina solo tuvo crédito en los mercados de capitales en 2016 y 2017. Las nefastas consecuencias las conocemos todos. Ahora bien, los técnicos del FMI -atención, los técnicos de las misiones a los países- pretenden superponer los vencimientos del FMI con los de los bonos privados para cumplir con la letra de la norma de los Créditos de Facilidades Extendidas. Se supone que -por la propia Carta Orgánica del FMI, su máximo reglamento- el FMI debería ayudar a Argentina a superar sus problemas de balanza de pagos. En vez de eso, el FMI pretende cobrar nada menos que los u$s44.000 millones prestados, entre 2025 y 2031. Si el Gobierno fuera como tantos otros que hubo en el pasado que al FMI le firmaban cualquier cosa basta de cerrar un acuerdo, nos encontraríamos con que entre 2025 y 2030 Argentina debería repagar u$s71.000 millones solo de capital a los tenedores de bonos y al FMI. O sea, nada menos que unos u$s12.000 millones anuales, a lo que hay que sumar deuda en pesos, deuda con otros organismos, deudas con el Club de París y toda otra deuda flotante que se pudiera suscribir en estos años. Los vencimientos sumando capital e intereses serían en total, por todo concepto de más del 5% del PBI. Y no del 5% del PBI una sola vez, un solo año. Sino del 5% del PBI cada año durante 6 años consecutivos. Nada menos que en total más del 30% de un PBI en un corto período. ¿Hace falta decir mucho más para caer en la cuenta que lo que pretende el FMI es un imposible? Prácticamente no cabe duda de que si el Gobierno le firma al FMI lo que el FMI quiere vamos de cabeza a un default en breve. El próximo gobierno ya tendría un enorme riesgo de defaultear. En ese sentido, es una verdadera estupidez el razonamiento de los mercados que se espantan cuando la vicepresidenta dice la gran verdad de que Argentina no puede pagar su deuda. ¿Alguien puede suponer lo contrario? Los tenedores de bonos deberían estar muy felices de que el Gobierno cuide sus propios intereses para que puedan cobrar.

Ahora bien, el gran atascamiento que hay en la negociación con el FMI no se debe entonces a las declaraciones públicas expresadas por el Presidente y la vicepresidenta. Ellos vienen pagando un alto costo al expresar la gran verdad de que así no se puede pagar. Uno de los grandes problemas es que el representante argentino en el FMI es uno de los grandes “funcionarios que no funcionan”. Quizás el más alto exponente de esa estirpe de servidores públicos. Veamos por qué: la Carta Constitutiva del FMI, que nuestro representante parece no haber leído, expresa textualmente en su artículo 5, sección 3 a) que... ”a) El Fondo adoptará normas acerca del uso de sus recursos generales, incluso sobre los acuerdos de derecho de giro (stand by) u otros acuerdos semejantes, y podrá adoptar normas especiales referentes a problemas específicos de balanza de pagos que ayuden a los países miembros a resolverlos de modo compatible con las disposiciones de este Convenio y que establezcan garantías adecuadas para el uso temporal de los recursos generales del Fondo”. Vale decir que el FMI puede adoptar normas especiales referentes a problemas específicos. O sea, que el propio FMI abre la puerta a salir del rígido marco de un Acuerdo de Facilidades Extendidas, el cual, por otra parte, ni siquiera es mencionado en la propia Carta Orgánica del FMI. Eso es lo que hay que hacer. Dejar de intentar amoldar un Crédito de Facilidades Extendidas al país, y tramitar un crédito especial en base a este vital artículo de la Carta Constitutiva del FMI.

El caso argentino es sin dudas un caso muy especial, empezando por el hecho de que el propio FMI endeudó a la Argentina en un monto muy superior al permitido por sus propias normas. Eso no lo hizo con ninguna finalidad de ayudar a la Argentina, sino a los grandes fondos de inversión y acreedores internacionales que pugnaban por cobrar sus bonos que Argentina en buena medida pagó dos años más allá de sus posibilidades reales con esos fondos que le proporcionó el FMI. Y es un caso especial porque un supercrédito necesita un superplazo de pago. El caso excede con creces el marco de un Crédito de Facilidades Extendidas.

¿Qué debe y puede hacer la Argentina entonces? Una posibilidad es que el ministro Guzmán en su carácter de miembro de la Junta de Gobernadores del FMI proponga en el seno de ese organismo que está por encima del Comité Ejecutivo que en base al artículo 5, sección 3 a) del FMI, se conceda a la Argentina la posibilidad de pagar a 20 o más años su deuda impuesta al país con características anómalas. Pero eso puede llevar mucho tiempo. La Junta de Gobernadores se reúne poco. Por eso lo mejor sería que el representante argentino en el FMI interrumpa al menos por un rato su muy larga siesta y comience a funcionar de una vez sometiendo al Consejo Asesor del FMI, -el cual puede reunirse muy seguido y está compuesto por técnicos de los países- en su rol transitorio de director ejecutivo para el Cono Sur, el caso argentino, contrastándolo con el citado artículo 5 sección 3 a) de la Carta Constitutiva del FMI. El representante argentino está todos los días de 9 a 18 en el FMI. Puede hacer muchísimo más que el ministro, quien está ocupado en muchísimos temas. El Consejo del FMI asesora tanto al Directorio Ejecutivo como a la Junta de Gobernadores del FMI. Su opinión tiene gran peso en las decisiones. Esta vez parece que nadie a nivel político intercederá ante el Comité Ejecutivo para facilitar un crédito especial al país. Pero tampoco nadie lo bloqueará. Quedará en manos de técnicos. Y los técnicos solo pueden salirse de las normas rutinarias si pueden apoyarse en otra norma. Esto es lo que internamente en el FMI se puede hacer. Intentarlo es gratis. Y hay meses para lograrlo.

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Walter Graziano y Asociados

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