Fondos buitre: la Corte de EEUU dice que la búsqueda de activos debe ser limitada

La reunión entre representantes del Gobierno argentino y de los fondos buitre concluyó el mediodía de este lunes en la Corte Suprema de Estados Unidos, tras analizarse el fallo de la Justicia de Nueva York que avala el pedido formulado por un holdout para exigir información de activos de un Estado extranjero.

Los magistrados indicaron que los acreedores deben ser capaces de buscar información limitada sobre los activos que la Argentina tiene en EEUU. Durante el alegato varios jueces sugirieron que los recursos militares y diplomáticos deben estar fuera del alcance de los acreedores, lo que de alguna forma reduce el alcance de la sentencia.

El Presidente del Tribunal, John Roberts, describió lo que buscaba NML como "bastante extraordinario". Por su parte, el juez Anthony Kennedy, que tiene un voto decisivo, también se mostró en la misma línea de poner límites al acceso de información sobre los activos.

El encuentro, que comenzó a las 11 hora argentina, fue a sala llena y el representante de la Argentina Jonathan Blackman, letrado del estudio de abogados Cleary & Gottlieb y el representante de los fondos buitre Theodore Olson, expusieron ante los nueve jueces de la corte suprema estadounidense, en el primer encuentro del caso.

Por su parte, la administración del presidente Barack Obama explicitó ante la Corte Suprema su apoyo a la posición argentina en el juicio que el país enfrenta a fondos buitre en la causa denominada "Discovery Mundial".

El encuentro comenzó con la presentación de Blackman, encargado de representar al gobierno argentino y contó con la intervención en apoyo de la posición argentina, del procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Kneedler.

Blackman, defendió ante el máximo tribunal, el hecho de que la decisión del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que dio lugar al pedido de información de los fondos buitre relativa a bienes de Argentina en Estados Unidos y en el mundo, viola la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, sus siglas en inglés).

Cerca de 20 minutos después, Blackman cedió parte de la media hora de exposición que le correspondía al procurador general adjunto, Edwin Kneedler, quien representó a la administración del presidente Obama, para manifestar su apoyo a la posición de Argentina sobre la lectura errónea de la legislación por parte de las cortes inferiores. Kneedler hizo saber también la "preocupación" de Estados Unidos en caso de que las decisiones de las cortes inferiores de Manhattan sean ratificadas y resaltó la importancia de la inmnunidad que la Ley FSIA otorga a los Estados extranjeros.

Al finalizar el encuentro, Blackman consideró que el argumento realizado por Argentina al inicio y al cerrar la audiencia, resultó "correcto" y mencionó que ahora será la Corte Suprema la que "decidirá" sobre el caso.

Además, estuvieron presentes el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario Legal y Administrativo, Federico Thea, que llegaron a la ciudad de Washington desde Buenos Aires para encabezar la comitiva argentina.

Según se informó, los abogados del Estado argentino y de los fondos buitre recibieron una gran cantidad de preguntas en la causa en la que se abordó exclusivamente el tema de los bienes del país en territorio extranjero y no la cuestión de fondo, referida al pago de deuda, que corre de forma paralela.

El fondo litigante NML Capital pretende que la Argentina informe sobre cuentas bancarias y bienes en Estados Unidos y otros países, con el objetivo de cobrarse una eventual sentencia a su favor por sus bonos de deuda en default. Por esta causa, el juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, y la Corte de Apelaciones de ese distrito fallaron a favor de los buitres.

Los fondos especulativos, que reclaman al Gobierno argentino el pago de unos u$s 1.340 millones en efectivo tras haber rechazado dos canjes de títulos en default, intentan que la Justicia norteamericana obligue a la Argentina a ventilar todos sus bienes en el exterior para que los litigantes puedan actuar contra ellos.