El bono de $70.000 para jubilados que el Gobierno viene otorgando todos los meses para aquellos que cobran la mínima y accedieron al beneficio por vía de la moratoria, podría ser la clave para resolver las diferencias con la oposición, que impulsa una nueva ley previsional que está ahora en el Senado tras conseguir la aprobación en Diputados.
Fórmula previsional: estiman que proyecto de la oposición "contribuye al equilibrio fiscal"
Para la escuela de negocios de la Fundación Mediterránea, el proyecto de ley previsional que está actualmente en el Senado, es más “sólido” jurídicamente que el DNU70 del Gobierno.
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Así lo señala en un informe el Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la escuela de negocios y economía de la Fundación Mediterránea.
En el trabajo de referencia se dice que una “focalización” más detallada del beneficio podría generar los recursos para atender el incremento del gasto previsional previsto en la ley, sin que por ello se vea afectado al resultado fiscal.
Además, para el IERAL lo que tiene como superadora la ley que fue impulsada por la oposición dialoguista y contó con el apoyo de más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, es que jurídicamente es más sólida que el actual DNU 70/2023 que dictó el Gobierno.
“Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera contribuye a evitar la generación de juicios que, más allá de que la contabilidad pública no los registra como tal, operan como un pasivo que erosiona la solvencia de las finanzas públicas”, indica el informe.
Al respecto, se señala que “el proyecto obliga a un incremento del gasto que puede ser compensado a través de un decreto simple que focalice mejor el bono”.
“De esta manera, el proyecto permite consolidar un nivel de gasto previsional que, en la perspectiva histórica y la comparación internacional, aparece como más sostenible”, señala el informe.
El IERAL plantea entonces que “esto facilitará el camino hacia una futura reforma integral que, junto con la dinamización del empleo de calidad, son los eslabones imprescindibles para recomponer la equidad y solidez financiera del sistema previsional”.
De acuerdo con el estudio, en julio último el gasto en haberes previsionales fue el equivalente a 4,5% del PBI, a lo que se sumó un 0,7% del PBI en bonos. Si estuviera rigiendo el proyecto de la oposición, el gasto en haberes crecería al 4,9% del PBI y los bonos serían del 0,3% del PBI.
Otro informe estima financiable al gasto con la nueva ley
Los números son similares a estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó que el DNU establece un gasto de sistema previsional del 6,14% del PBI, mientras que el proyecto de la oposición lo fija en 6,54%. El gasto es levemente superior, pero analistas consideran que sería financiable.
“En una perspectiva histórica el total de erogaciones se ubicaría por debajo del promedio de los últimos años y en el nivel que tenía antes de la masiva incorporación de beneficiarios con moratorias”, dice el reporte.
En ese sentido, añade que “en una perspectiva comparada, el proyecto permitiría que el gasto previsional en porcentajes del PBI vuelva a niveles similares a los registrados en países con demografías parecidas a la de la Argentina”.
Sostiene además que “el proyecto reproduce, en líneas generales, la regla de actualizar los haberes previsionales en función de la inflación, tal como lo estableció el DNU”.
El proyecto de la oposición está listo para ser tratado en el Senado aunque, por definiciones políticas, el análisis en comisión se encuentra demorado.
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