La negociación entre el gobierno nacional y las entidades rurales por el precio de la carne entró en terreno pantanoso, con un quiebre del diálogo entre las partes e, incluso, la amenaza de medidas de fuerza surgidas desde algunos sectores de la producción rural.
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El nudo que enfrentan ambas posiciones es la fijación de valores para la hacienda en pie. Bajo el impulso del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la Casa Rosada insiste en establecer precios que funcionen como referencia para los diferentes tipos de ganado, tal como se firmó en mayo de 2007 -acuerdo que venció el 31 de diciembre pasado-, pero los productores se niegan y aceptan esta forma de control únicamente sobre los cortes «populares» -los de mayor consumo en el mercado interno-. En rigor, se trata de un punto que afecta a los frigoríficos, actor de la cadena que en diciembre pasado logró autorización para aplicar subas de 10%.
La tarde del martes, el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, recibió a los titulares de las cuatro principales entidades agrarias (SRA, CRA, Coninagro y FAA), quienes pidieron una definición en torno a la propuesta de acuerdo que elaboraron el pasado viernes y presentaron a la Nación al día siguiente. «Denme más tiempo», pidió De Urquiza, pero los presidentes amenazaron con difundir el paper, ante lo cual el funcionario volvió a pedir plazos, invocando esta vez una orden del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Finalmente, ayer por la tarde, al no recibir respuesta, las entidades decidieron hacer pública su propuesta, la cual incluye un pedido de subsidios por $ 180 millones. «Esperamos que nos respondan lo antes posible», se ilusionó Luciano Miguens, presidente de la SRA, que aclaró: «Nosotros no somos formadores de precios. Aceptamos parámetros para los diferentescortes de carne para consumo interno, pero para la hacienda no estamos en condiciones de compremeternos a fijar precios indicativos».
En plan más agresivo, desde CARBAP amenazaron ayer con sumarse a las medidas de fuerza que anunció la FAA, federación que amenazó con bloquear el acceso a molinos en protesta por el precio que se paga a los productores por el trigo.
Desaliento
En rigor, el malestar es generalizado contra el gobierno, no abarca una cuestión puntual. «El campo no merece este trato; el cierre de exportaciones, las intervenciones en los mercados granario y lechero, y los constantes ataques al sector desalientan al productor. El gobierno debe entender que no todo el país es soja», afirmó ayer el titular de la entidad, Mario Llambías, desde Tres Arroyos, tras comunicarse con Eduardo Buzzi, presidente de la FAA.
En torno al demorado acuerdo por la carne, la postura de las entidades rurales apunta a que un aumento de la oferta, vía incentivos a la producción, funcionaría para regular el precio de la hacienda. Pero el método de control de precios patrocinado por Moreno que aplica Nación no comulga con este tipo de libertad de mercado.
El proyecto de acuerdo que difundieron ayer las entidades incluye una serie de medidas para incentivar la producción -con acento en la existencia de «incremento de los costos»- y establece como plazo de vencimiento el 30 agosto de este año.
En lo que respecta a los «cortes populares», la propuesta incluye valores que debería respetar la industria frigorífica. A saber: matambre, $ 7,10; vacío, $ 6,50; y asado, $ 5,50, entre otros. Los valores serían una suerte de blanqueo respecto de los firmados en mayo de 2007, que establecían precios de $ 6,52, $ 6 y $ 5, para los respectivos cortes.
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