Apareció ayer una señal en el gobierno de preocupación por el gasto. Después de tres años de multiplicar subsidios y promociones con alto costo fiscal, el Ejecutivo parece cambiar de dirección. La alerta comenzó después de tomar la decisión de aumentar 11% todos los haberes jubilatorios (20% para los mínimos). Y la primera víctima es un proyecto que Roberto Lavagna había presentado en el Congreso: la ley de promoción a pymes. Economía ordenó al Senado que el tratamiento se congele y así quedará por mucho tiempo. El costo de esa promoción había sido hasta objetado por la AFIP por su volumen. La decisión puede cambiar, además, el futuro de muchos proyectos que rondan el Congreso y alegremente promueven actividades con beneficios impositivos. Fue toda una época que se inició con el gobierno de Néstor Kirchner y parece ahora terminar al ritmo de las necesidades fiscales.
El gobierno decidió suspender el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de promoción a pymes para la compra de bienes de capital. Esa iniciativa ya fue votada en Diputados -con más de un año de demora- y ahora esperaba en el Senado. Las razones para congelar el tratamiento aparecen claras: el alto costo fiscal de esa promoción que el gobierno no quiere encarar en un momento donde comienza a mirar con más cautela el nivel de gasto y cuidar el superávit. Por eso la orden a los senadores para que se frene por tiempo indeterminado.
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El proyecto había sido presentado por Roberto Lavagna meses antes de dejar el Ministerio de Economía. Nunca tuvo el aval completo de la AFIP. Es más: el propio Alberto Abad sugirió a los diputados del oficialismo introducir cambios para evitar que la promoción se filtrase a otros sectores de la industriay terminara multiplicándoseel costo fiscal. Ese número final, además, siempre se guardó casi como un secreto. En la evaluación del impacto sobre las cuentas públicas por promocionar la compra de maquinarias en pymes se habló de $ 600 millones a $ 1.500 millones.
El incentivo no es poco. Se propone que las pyme puedan utilizar por dos períodos fiscales el Impuesto a las Ganancias que deberían pagar por sus beneficios para aplicarlo a la compra de bienes de capital.
Los defensores de la iniciativala consideran clave para permitir el despegue y el reequipamiento de ese sector de la industria; sus detractores alegan el alto costo fiscal y que la redacción final de la norma, a la que se llegó para morigerar la fuga de fondos a otros sectores, terminó beneficiando sólo a las empresas exitosas.
Fue así que el proyecto tuvo innumerables cambios desde que ingresó en Diputados -se debatió en la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Snopek- y otras tantas demoras en llegar al recinto: el tema, obviamente, no convencíani al propio oficialismo. Pero ninguna de esas razones parece ahora estar en la mente del gobierno para decidir un freno a esa promoción. El problema, se alega, es puramente de caja. Después de que el gobierno anunció el esfuerzo para el Tesoro de aumentar las jubilaciones en toda la escala, en la Secretaría de Hacienda se encendieron luces amarillas sobre la disponibilidad de caja.
Decenas de promociones circulan por las comisiones del Congreso, desde la producción de camélidos -llamas, vicuñas y guanacos- y cabras, hasta hidrógeno para sustituir combustibles fósiles (el proyecto está en agenda esta semana para bajar al recinto de Diputados) o el recientemente sancionado régimen para la producción de biocombustibles, ayer puesto en marcha por el gobierno.
De todos ellos, el régimen para pymes aparecía con un alto costo fiscal inmediato que afectaría la recaudación del Impuesto a las Ganancias hasta un límite incluso no mensurado. Por allí, entonces, empezó la poda -vía una orden al Senado- y el nuevo camino que puede seguir un gobierno que hasta ahora no se limitó a la hora de promocionar y subsidiar.
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