Garovaglio: otras dos convocatorias

El grupo Garovaglio y Zorraquín informó haber pedido el concurso preventivo de otras dos de sus empresas controladas, la curtiembre Grünbaum, Rico y Dancourt (GRD) y la desactivada fabricante de envases SAPEI (ex Saiar). Ambas se suman a la agroindustrial CEPA, cuyo concurso fue informado la semana anterior.

Según se comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, GRD estaba renegociando su deuda con los bancos en forma conjunta con su controlante CEPA (Compañía Elaboradora de Productos Alimenticios), pero dado que ésta no logró cerrar acuerdos con sus acreedores, no quedó otra salida que pedir el concurso también de esta curtidora de cueros para tapizados de automóviles.

GRD debe cerca de u$s 24 millones, de los que u$s 12 millones corresponden a bancos comerciales y la otra mitad a una deuda con la Corpora-ción Financiera Internacional (el brazo para inversiones en empresas del Banco Mundial), que les prestó el dinero para levantar su moderna planta industrial en Avellaneda inaugurada en 1998.

El único cliente de GRD -que exporta 95% de su producción-es la estadounidense Garden State Tanning Co., una controlada de Citicorp Venture Capital, que es una de las mayores proveedoras de la industria automotriz en tapizados de cuero.

Según circuló ayer en el mercado, Garden State tendría una opción de compra por 100% de las acciones de GRD, negocio que ahora deberá ser considerado en el marco del concurso.

«GRD tiene muy buenas instalaciones y a los estadounidenses también les interesa porque los cueros argentinos son considerados entre los mejores para tapicería de autos», dijo ayer a este diario un analista del mercado.

Situación desgastada

El mismo observador admitió que, si bien los problemas de GRD no son tan graves como la de su controlante CEPA, «al prolongarse sin solución la negociación del frigorífico con los bancos, GRD quedó atrapada en la misma situación de CEPA: el desgaste frente a los proveedores y el mercado financiero, totalmente enterados de sus dificultades, pero sin gozar de ninguno de los beneficios de un concurso, como la suspensión de los plazos, la acumulación de intereses y la posibilidad de replantear la actividad de la empresa».

En CEPA la semana pasada decían que «la instancia preconcursal se agotó; no podíamos mantener las negociaciones con los bancos indefinidamente porque sufría el negocio». CEPA acumularía una deuda con los bancos cercana a los u$s 60 millones.

GRD elabora cueros terminados y semiterminados, y cuenta con la planta de tapicería «más moderna de Sudamérica», dice un comunicado de la empresa. La deuda con la CFI había permanecido fuera de las negociaciones en virtud de que la misma cuenta con la garantía real de la fábrica de Avellaneda. En el grupo, según trascendió, culpan por buena parte de sus males, en forma no demasiado velada, a las políticas oficiales respecto de la devolución del IVA a las exportaciones. «Llegaron a debernos u$s 12 millones por este concepto; considerando lo que nos cuesta fondearnos en el sistema bancario, tener que prestarle ese dinero al Estado a tasa cero o a seis por ciento anual es casi una condena a muerte», se lamentaba un ex ejecutivo de la firma.

En el comunicado a la Bolsa se aclara que «no se advierten circunstancias equivalentes en otras compañías del grupo G&Z que ameriten iguales recursos» (léase concurso).

Esas otras compañías son básicamente Rheem -que este año, a pesar de la recesión y la avalancha de importados a precios ínfimos llegó a 50% del mercado de termotanques-, el propio holding y Wilmore, que elabora productos proteicos para la alimentación de animales.

En cambio SAPEI no corrió la misma suerte: inactiva desde hace un año y medio por imperio de la situación económica general (según aduce el grupo en su nota a la Bolsa), esta fabricante de envases plásticos para lácteos, pinturas, químicos, etc. arrastra una deuda cercana a los u$s 4 millones.

El único activo que conservó, después de desprenderse de sus líneas de producción, es el predio donde se levantaba su planta industrial, sobre la avenida Calchaquí en el partido de Quilmes.

Trascendió que la gente de G&Z estaban muy avanzados en las conversaciones con una cadena de supermercados que todavía no llegó a la zona (se trata de un terreno de ocho hectáreas), pero las regulaciones impuestas por la Legislatura bonaerense sobre la construcción de grandes superficies comerciales (sumadas, una vez más, a la crisis de consumo) impidió el cierre de la venta cuyo producido habría representado la liquidación de ese pasivo.

G&Z también había venido desprendiéndose de varios activos a lo largo de las últimas décadas, fundamentalmente su negocio de petroquímica (la firma Ipako) y de sus actividades agropecuarias.

Entre CEPA y GRD emplean a unas 1.400 personas, luego de haber tenido que despedir a unas 500 la semana última en virtud del cierre de la planta que tenía el frigorífico en la localidad bonaerense de Pontevedra.