El gasto político insume en pago de salarios al país un monto aproximado a los 2.020 millones de pesos al año, lo que se incrementa notablemente en años electorales. Según un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, parte mayoritaria de ese gasto es debida a los sueldos de 99.048 personas que trabajan en el sector público en función de la estructura política.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El director de Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, sostiene que «no es fácil hacer un cálculo sobre el costo de la política». Para hacer una aproximación, consideró la estructura de cargos electivos, que en el país alcanza a 16.508. De ellos, 2 por ciento es nacional, 8 por ciento provincial y 90 por ciento municipal.
«Un cálculo aproximado puede partir de que hay cinco personas, en promedio, trabajando en el sector público por cada cargo electivo», asegura. Ello implicaría un total de 99.048 personas que trabajan en el sector público en función de la estructura política. «Entre este personal -sostiene-se encuentran los tan mentados 'ñoquis'.»
Teniendo en cuenta el promedio salarial que cobran los legisladores y su personal a cargo -secretarios, auxiliares, ayudantes, entre otros-, puede estimarse un total de salarios de aproximadamente 2.000 millones de dólares al año.
Esta cifra equivale aproximadamente a 2,4 por ciento del gasto público total, incluyendo el gasto público nacional, provincial y municipal. Este sería el costo salarial que implica para el Estado el sostenimiento de la estructura político-electiva.
Frente al costo que implica pagar uno o dos pesos por voto, para financiar los partidos -10 o 20 millones de pesos al año-, el costo salarial es mucho más alto.
Un cálculo aproximado muestra que las campañas presidenciales de los partidos mayoritarios, de acuerdo con las cifras de 1999, pueden haber implicado un costo de entre 120 y 150 millones de pesos.
Un cálculo aproximado sobre el costo de las campañas legislativas realizadas al margen de la elección presidencial y de las internas puede alcanzar entre 50 y 60 millones más.
Es decir que las cifras que se gastan en campañas son aproximadamente 10% del costo salarial, y el costo directo del Estado para sostener los partidos es de aproximadamente 1% del costo salarial estatal.
En general, este número como porcentaje del PBI o como porcentaje del Presupuesto Nacional es menor al del promedio de los países desarrollados, sin que pueda realizarse una comparación consistente con un promedio de los países de América latina, aunque es superior a Chile y Uruguay.
Según Fraga, las cifras mencionadas podrían disminuirse a la mitad, sin alterar el funcionamiento real y efectivo del sistema político. Un ejemplo de ello fue la Legislatura de Formosa, que redujo en 30% sus recursos, sin que ello afecte en modo alguno su funcionamiento.
Dejá tu comentario