Los gobernadores del PJ se reunirán hoy por la tarde para buscar una posición común frente a la ley de crédito público que quiere aprobar el gobierno nacional. Los más interesados en avalar la propuesta que defiende Economía son los gobernadores de provincias muy endeudadas que, a cambio del respaldo legislativo, pretenden ser incluidas en el canje de deuda que negocia el gobierno nacional con los tenedores de títulos. Sin embargo, todos piensan reclamar a la Nación varios requisitos antes de cualquier colaboración en el Congreso. El primero, que no se afectarán recursos provinciales para avalar deuda nacional. Además, que se regularizará el envío de fondos al interior, actualmente afectado por demoras.
Los gobernadores del peronismo se reunirán hoy a partir de las 16 en el Consejo Federal de Inversiones para discutir sobre el reclamo más urgente y concreto que les realiza actualmente el gobierno nacional: que apoyen con su fuerza parlamentaria la ley de crédito público por la cual los títulos que emita la Nación serían respaldados con la garantía de la recaudación de impuestos. Las provincias están alineadas de distinto modo con la propuesta pero todas coinciden en dos principios básicos: el proyecto debe ser «coredactado» con el peronismo, de manera tal que no se afecten fondos provinciales (a pesar de que la Nación ya les aseguró eso a los gobernadores). Además, las fuerzas parlamentarias del oficialismo -sobre todo el Frepaso- deben apoyar explícitamente la ley en el Congreso antes de que se reclame la opinión del PJ.
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Los mandatarios peronistas quieren adoptar una postura conjunta respecto de este reclamo nacional y para eso, básicamente, se convocó a la reunión. Conseguir esa síntesis los obligará a superar varias barreras, algunas pasablemente artificiales y otras más firmes, que tienen que ver con los distintos intereses que dominan a las provincias.
En las comunicaciones informales que los mandatarios se cruzan desde el fin de semana aparecieron algunos criterios que hoy se pondrán de manifiesto, aunque sea indirectamente, ante el gobierno nacional. Entre ellos está que las provincias quieren asegurarse, como condición previa a cualquier respaldo legislativo, que se les girarán puntualmente los recursos de la coparticipación. Sucede que algunas de ellas ya se encuentran con dificultades para pagar los sueldos y temen por un incremento de la tensión social.
En la exposición de este problema aparecerá un detalle técnico que tiene inquietos a varios mandatarios. Se trata del momento en que el gobierno nacional gira la garantía de coparticipación cuando no se recaudó lo suficiente (recuérdese que el Estado nacional le asegura a las provincias una transferencia de 1.350 millones de pesos por mes). Muchos mandatarios se quejan de que esos recursos se les envíen en los primeros del día del mes siguiente al que se produjo la caída de recaudación y que, en consecuencia, pasen a ser absorbidos por los bancos que «se cobran» automáticamente sus acreencias en los primeros 15 días de cada mes. Otro argumento que formará parte de la discusión del peronismo provincial con el gobierno es la posibilidad de incluir a los distritos del interior en el canje de deuda: no sólo a los que firmaron pactos de refinanciación con la Nación sino a todas las que soliciten ser incorporadas al sistema. Los gobernadores que más énfasis están poniendo en este aspecto de la discusión son los de Jujuy, Entre Ríos, Formosa, Salta, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán y Córdoba. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en cambio, parece haber un límite en Eduardo Duhalde, quien hasta ahora viene negándose sistemáticamente a facilitarle a Cavallo la ley que está reclamando para ahuyentar el fantasma del default entre los acreedores del país. Duhalde puede parecer arrastrado a esa posición por una circunstancia evidente: podrá enrostrarle a Raúl Alfonsín, durante la campaña electoral por la senaduría, no haberse prestado a que «se pongan los sueldos de los maestros y las jubilaciones como garantía de la deuda». En cambio otros dirigentes, como los gobernadores de provincias con bajo endeudamiento -el caso de Rubén Marín, de La Pampa, por ejemplo- no encuentran motivación alguna en aceptar lo que reclama Economía. El nivel de deuda y de asfixia financiera resulta una línea divisoria dentro del PJ para determinar los niveles de adhesión al proyecto de ley de Cavallo.
• Posición
Sea por una razón u otra, hoy se escuchará una posición reticente a dar aval legislativo al gobierno de la Nación, expresada en estos términos: «Si mejoramos la garantía de la deuda, que nos bajen la tasa». Esto envuelve a gobernadores y funcionarios de Economía en un círculo vicioso. Los primeros reclaman que, antes de dar luz verde al proyecto de ley, Cavallo debe exponer cuál es el nuevo nivel de tasa que conseguirá de los bancos para el canje de deuda.
Los funcionarios que expresan al ministro -su voz respecto de este tema es hoy la de Liendo- hacen girar el argumento en sentido contrario y piden el apoyo a la ley para, entonces sí, con ese respaldo, negociar una tasa más ventajosa.
El grupo de mandatarios que se identifica como «frente federal» -todos del Norte, coordinados por el ex mandatario de Misiones, Ramón Puerta- desempolvarán otra vez hoy el proyecto que en su momento le explicaron a José Luis Machinea (precisamente en la provincia de Misiones). Se trata de lanzar una especie de «plan Brady» provincial por el cual se canjee la deuda de todas las provincias por un bono cupón cero (es decir, que paga intereses y amortizaciones recién cuando vence).
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