Gobierno cae en trampa propia

No es sorpresa afirmar que la meta del 15% de inflación, establecida por el Banco Central (BCRA) para 2018, no se cumplirá, tal como sucede desde el comienzo del ciclo de Federico Sturzenegger. Luego de la conferencia de prensa del 28 de diciembre pasado, la escasa o nula credibilidad alcanzada por el BCRA se ha desvanecido por completo o ya está en deuda con los mercados.

Mirando fríamente los datos, nada ha cambiado en términos de política monetaria, puesto que durante la segunda mitad de 2016, también el BCRA comenzó a disminuir la tasa de interés, como lo ha hecho en este último período.

La literatura es clara y contundente: bajo un escenario de escasa o nula credibilidad, la tasa de interés no es una herramienta que permita, por si sola, bajar de manera permanente a la tasa de inflación.

La sensación es que el BCRA se ha quedado sin el único instrumento con el que contaba para tratar de contener a los precios. Esto ha determinado una caída de la demanda de dinero y una mayor preferencia por el dólar y los bienes.

Por otro lado, el Gobierno se resiste a controlar a los agregados monetarios, fuente principal de crecimiento de los precios, que siguen aumentando por encima de la tasa de inflación.

En este panorama, queda claro que la intención del Gobierno, al tratar de imponer una paritaria del 15% para la economía, resultaría en una caída del salario real.

Es oportuno aclarar que el salario nominal y real no son variables que determinen a la inflación. La inflación se relaciona con la cantidad de dinero actual y esperada por los agentes, por lo que la intención de bajar el salario real no redundaría en una baja de la tasa de crecimiento de los precios.

Aclarado este punto, cabe preguntarnos por qué el Gobierno se afirma en una pauta salarial igual a la meta del BCRA. La respuesta es clara: quiere mantener el nivel de oferta de bienes a costa de una caída en los salarios reales. Para poner blanco sobre negro, un menor salario real elevaría la demanda por trabajo, manteniendo elevada la oferta de bienes y servicios.

La hipótesis de las expectativas racionales, planteada inicialmente por John Muth (1961) en su artículo "Rational Expectations and the Theory of Price Movements", y las posteriores contribuciones de E. Phelps y R. Lucas, entre otros, nos dan una respuesta contundente al analizar el comportamiento de la oferta de trabajo (quienes buscan trabajo). Si bien es cierto que la caída del salario real determinaría una mayor demanda de trabajo, con individuos racionales (que saben que la meta de inflación no se cumplirá en 2018) no sería posible convalidar un salario real menor. La oferta de trabajo se reducirá hasta alcanzar el salario real de equilibrio de la economía y no el que desea el Gobierno. Sencillamente, podríamos afirmar que ningún agente racional estará dispuesto a aceptar salarios reales por debajo de su productividad y hará lo que sea para mejorar su posición frente a la propuesta del Gobierno.

La respuesta, por lo tanto, es un clima de mayor conflictividad, evidenciado por las repetidas medidas de fuerza de las entidades gremiales que aprovechan para llevar agua a su molino.

El Gobierno de Macri nuevamente se ha metido en una trampa sin que nadie se la haya puesto. La única manera de contener a la inflación en el corto plazo radica en disminuir la oferta de dinero y en el largo plazo reducir el déficit mediante una drástica reducción del gasto público, eliminando funciones y no bajando el poder adquisitivo del salario.

(*) Universidad del CEMA.