Gobierno frenaría aumento en prepagas

Aunque planteó su rechazo ayer, no pudo todavía la Subsecretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, frenar los aumentos de hasta 16% que anunciaron algunas empresas de medicina prepaga para las cuotas a partir de febrero.

En un intento por evitar las subas, la funcionaria se reunió con representantes de las tres cámaras principales del sector -CIMARA, ACAMI y ADEMP-, quienes manifestaron desconocer cuáles empresas habían tomado la decisión de las subas.

Aunque los empresarios justificaron la posibilidad de aplicar aumentos, se comprometieron a presentar la próxima semana información precisa sobre cuáles compañías prevén incrementos inminentes, cuáles serían los mecanismos de notificación, los planes a los que alcanzaría y otros detalles.

Por parte de la subsecretaría, además del estudio de mercado de la medicina prepaga ya solicitado, requerirá a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue si existieron prácticas violatorias a la Ley de Defensa de la Competencia.

Según le comentó Vaca Narvaja a Ambito Financiero también «se analizará si las empresas actuaron en forma cartelizada para decidir las sumas ya que los anuncios se habrían dado en forma simultánea en varias compañías».

La funcionaria advirtió que el gobierno actuará «firmemente para evitar ese ajuste aunque no hay una regulación específica en el tema de las prepagas». Denunció que en el último tiempo esas empresas «han venido realizando aumentos encubiertos» y resaltó que «desde diciembre de 1991 hasta hoy» las cuotas de esos planes «tuvieron incrementos de 100%».

Justo en momentos en que se conocen estos inminentes aumentos, se publicó ayer en el Boletín Oficial la Resolución 9/ 04 que detalla las cláusulas que serán consideradas abusivas en los contratos de prestación de servicios de medicina.

La norma establece que se considerará abusiva aquellas cláusulas que le otorguen al proveedor de servicios de medicina prepaga la facultad de «modificar unilateralmente» o «rescindir sin causa» el contrato de prestación de servicios.

Pero según advirtió el abogado de la Asociación de Defensa del Consumidor (ADECUA), Osvaldo Riopedre, a este diario «la secretaría no tuvo en consideración temas mucho más importantes y argumentos más sólidos para frenar los aumentos».

Según Riopedre «no sólo la resolución no tiene nada nuevo sino que deja abierta la posibilidad a las empresas de que si avisan con una anticipación no inferior a 60 días de la entrada en vigencia del cambio y permiten que el usuario tenga opción de rescindir el contrato sin cargo, no estarían contrariando la resolución».

Vaca Narvaja dijo ayer que los argumentos esgrimidos por las prepagas para subir las cuotas son «injustificados» y anticipó que serán rebatidos porque a pesar de que hay libertad de precios, los incrementos anunciados son considerados «abusivos».

La resolución detalla que son abusivas las cláusulas que «otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el contrato, excepto en relación con los que se hubieran celebrado por tiempo indeterminado y que además reúnan una serie de requisitos». Entre ellos «los eventuales cambios que se hallaren expresamente previstos en el contrato» o que el cambio «no altere el objeto del contrato o pudiera importar un desmedro en la calidad de los servicios comprometidos al momento de contratar».