Gobierno lanza hoy su propia Emergencia Económica

Néstor Kirchner enviará hoy al Congreso el proyecto de prórroga de la declaración de Emergencia Pública por un año más, que amplía sus facultades presidenciales. El Presidente podrá, también, decidir qué sector de la economía continúa en emergencia y qué poderes mantiene o resigna. A esas facultades, de por sí injustificadas para una economía en crecimiento, el gobierno sumó la prórroga en la suspensión de despidos sin fecha fija. En el proyecto, que en forma exclusiva reproduce Ambito Financiero, se establece que la sanción a las empresas se eliminará cuando el índice de desocupación descienda de 10%, sólo una ilusión hoy para el mercado laboral argentino. Se agrega también un peligroso antecedente que aporta inseguridad jurídica: la ley no renueva simplemente la doble indemnización, sino que será el Presidente quien fije por decreto la sanción para las empresas que despidan a empleados. Este cúmulo de superpoderes se suma a los que se debaten dentro del Presupuesto 2005 para modificar el destino de partidas, ya que anoche el PJ acordó que hoy firmará ese dictamen sin modificar una letra lo pedido por el obierno.

El gobierno enviará hoy a la mañana al Congreso un proyecto de ley de prórroga de la vigencia de la Ley de Emergencia Pública que avanza, aun más, en la delegación de poderes especiales al Ejecutivo. Así, en el proyecto al que tuvo acceso Ambito Financiero se incluye también la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa sin plazo fijo. O lo que es lo mismo: hasta que el INDEC informe que la tasa de desocupación baja de 10%. La novedad ahora es que quien incumpla esa norma será sancionado no ya con una doble indemnización, sino con una pena que será fijada por decreto del Ejecutivo y de la que no se aportan montos. Kirchner se reservó también el derecho de decidir qué áreas de la economía y la administración se mantendrán en estado de emergencia; las que el gobierno considere fuera de peligro volverán a la normalidad legal también mediante un decreto. Todo este paquete se suma a la discusión de los superpoderes dentro del Presupuesto 2005, lo que arma en conjunto una delegación de facultades impensable en otros gobiernos.

La declaración de emergencia pública vencerá en diciembre, después de haber sido renovada por dos años consecutivos. Pero a pesar de mostrar hoy la economía signos de crecimiento y estabilidad, Kirchner quiere renovarla por un año más.

Así se aprovechó la nueva ley, quizás el último proyecto que el gobierno gire al Congreso este año, para disponer también:

• Otra delegación de facultades al gobierno para declarar el cese de la emergencia pública por sectores, «en forma total o parcial», en cualquiera de las «materias» comprendidas en la Ley 25.561 de Emergencia, cuando la situación favorable lo aconseje. En ese listado de poderes se incluye: «Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios; reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales; crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario», tal como se fijó en enero de 2002.

Son estas facultades especiales -otorgadas en origen a Eduardo Duhalde- las que permiten, entre otras cosas, disponer la salida de la convertibilidad, fijar el tipo de cambio por decreto o renegociar contratos con empresas de servicios públicos y establecer su marco regulatorio.

• Como control se estableció que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Poderes Delegados deberá producir junto con el Ejecutivo un informe a junio de 2005 sobre la evolución del «estado de emergencia» de la economía.

• Se prorroga, en la misma norma, la suspensión de los despidos sin causa sin fecha fija -dejando siempre afuera de esta prohibición a los empleos generados con posterioridad al 31 de diciembre de 2002-. El límite de vigencia será dado por un dato que hoy parece ilusorio para el mercado laboral argentino: cuando el INDEC informe que la tasa de desocupación descendió de 10%. Es un horizonte impensado hoy para un país que, aunque consiga éxito en las actuales condiciones de reestructuración de su deuda, deberá esperar para volver a recibir inversiones genuinas.

• Pero, además, se incorpora un antecedente preocupante para la seguridad jurídica de las empresas. Se sabe que el gobierno de Kirchner quiere flexibilizar la salida de la doble indemnización. De hecho hoy existe una escala vigente de reducción de esa penalidad a las empresas que, obviamente, no se llegará a cumplir. Pero ahora se introduce un nuevo hecho peligroso: se faculta al Ejecutivo para fijar por decreto cuál será la sanción que se aplicará por los despidos, por encima de las indemnizaciones regulares que fija la Ley de Contrato de Trabajo. Otra vez más, los empresarios deberán esperar a que el gobierno decida por decreto y negocie -sin ley mediante- cuánto se cargará al ya altísimo costo laboral argentino.