El Gobierno nacional obtuvo ayer en la Cámara de Diputados dictamen para su proyecto de estatización de las AFJP. En una frenética jornada del plenario de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda, la bancada kirchnerista del Frente para la Victoria negoció hasta último momento modificaciones al texto enviado por Cristina de Kirchner y se aseguró así el apoyo de los bloques Solidaridad e Igualdad (SI), de María América González, y del legislador de la CTA, Claudio Lozano.
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El aval del SI, ex aristas que se escindieron de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y del monobloque Proyecto Sur de Lozano, le aportará al oficialismo la estratégica suma de 10 votos en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados con lo que la Casa Rosada se aseguraría un piso de entre 140 y 150 votos para aprobar el proyecto.
El plenario de comisiones estaba previsto para las 15.00. Pero los diputados kirchneristas Gustavo Marconato, titular de Presupuesto y Hacienda, Juan Carlos Díaz Roig, jefe de Previsión y Seguridad Social, y Patricia Fadel, secretaria parlamentaria del bloque K y encargada de recolectar los votos en las sesiones más complicadas, se demoraron más de dos horas negociando cara a cara con Lozano y González cambios al dictamen del oficialismo. Desde la ANSeS, Amado Boudou supervisaba las tratativas y le comunicaba todos los cambios que surgían en el despacho de Marconato a la presidente Cristina de Kirchner.
El acuerdo entre el kirchnerismo y sus aliados se produjo recién pasadas las 17.00, más de dos horas después del horario al que estaban citados los diputados para debatir en el plenario de comisiones. La UCR, la Coalición Cívica, el PRO y el socialismo no toleraron el desplante y abandonaron a los gritos la reunión denunciando pactos espúreos entre el oficialismo y los bloques SI y Proyecto Sur. «No puede ser que estando citada la comisión para debatir estos temas, el Frente para la Victoria se encierre en un despacho para asegurar la aprobación del proyecto en el recinto y negocie cambios en secreto», se quejaron desde la oficina de Adrián Pérez, jefe de los legisladores de la Coalición Cívica. Para calmar los ánimos, la diputada socialista Elda Gerez pidió pasar a un cuarto intermedio hasta las 19.00 y retomar el debate en ese momento. El oficialismo, rápido de reflejos, volvió a encerrarse en el despacho de Marconato junto a Díaz Roig, Fadel, González y Lozano y terminó de modificar el dictamen de mayoría para conseguir el respaldo de sus aliados. La modificación más importante se produjo en el artículo 3, que quedó redactado del siguiente modo: «Los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondientes a los períodos en que el trabajador se encontraba afiliado al Régimen de Capitalización, serán considerados a los efectos de la liquidación de los beneficios establecidos en el artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias como si hubiesen sido prestados al Régimen Previsional Público». A pedido del SI de González y del monobloque de Lozano se eliminó del dictamen original el siguiente párrafo para «no afectar los derechos de los aportantes al sistema de reparto», según explicaron desde el oficialismo: «Los trabajadores podrán solicitar que se consideren las remuneraciones percibidas mientras se encontraban afiliados al Régimen de Capitalización para la determinación de la Prestación Adicional por Permanencia correspondiente a dicho período, aun cuando no estuvieran comprendidas en los diez (10) años anteriores al cese, en los términos del inciso a) del artículo 24 de la Ley Nº 24.241 y concordantes».
Debate
El dictamen firmado ayer ahora será debatido en la sesión especial de mañana y si el kirchnerismo consigue mayoría simple, será aprobado y elevado al Senado para ser convertido en ley. Básicamente, el proyectodispone la eliminación del sistema previsional de capitalización -privado-para instaurar el reinado del sistema público estatal, sin libertad de opción. Artículo 1º. « Dispónese la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público que se denominará Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización vigente hasta la fecha, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el Régimen Previsional Público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional». Eso significa que la ANSeS de Boudou pasará a controlar unos cien mil millones de pesos de aportes acumulados en las cuentas de las AFJP más otros 15 mil millones previstos para 2009. «En consecuencia, elimínase el actual Régimen de Capitalización, que será absorbido y sustituido por el Régimen de Reparto, en las condiciones de la presente ley», termina este artículo. Si bien el proyecto no establece la intangibilidad de esos millonarios fondos, se prohíbe su uso para pago de deuda externa, inversión en el exterior o gastos corrientes del gobierno como pago de sueldos o contratación de servicios.
Sin embargo, el kirchnerismo tampoco accedió a reforzar el control del manejo de los aportes. Radicales, socialistas, Coalición Cívica, PRO y hasta el SI y Lozano pedían que en el texto del proyecto se incluyera la creación de un cuerpo colegiadointegrado por la Auditoría-General de la Nación, controlada por la oposición y la SIGEN, pero el oficialismo no accedió a incluir esa cláusula. El dictamen sólo prevé genéricamente que «la ANSeS gozará de autonomía financiera y económica estando sujeta a la supervisión de la Comisión Bicameral de control de los fondos de la Seguridad Social creada en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación», dominada y presidida por el kirchnerista Frente para la Victoria, e integrada por seis senadores y seis diputados.
Queda así liberado el camino para que la ANSeS financie al Tesoro Nacional para cuanta obra pública quiera impulsar el gobierno sin otro control que una comisión bicameral dominada por el kirchnerismo.
En el artículo 12, apenas se contempla la formación de un Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, «cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del sistema y estará integrado por:
Un representante de la ANSeS.
Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Dos integrantes del Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la ANSeS.
Tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas.
Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas.
Dos representantes de las entidades bancarias más representativas.
Dos representantes del Poder Legislativo (uno por cada Cámara).
«Los miembros integrantes de este Consejo ejercerán su función con carácter «ad honorem» y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de las entidades respectivas», insinúa el proyecto. La UCR, el socialismo y la Coalición Cívica presentaron dictámenes en disidencia.
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