Gobierno pide al Congreso que flexibilice condiciones para un eventual cambio en el perfil de deuda

El talón de Aquiles de la economía argentina es la deuda y los vencimientos e intereses que ésta genera. Y no es un secreto que el Programa Financiero presentado por el Gobierno sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía", es decir, la demanda que existe por turismo, ahorro (fuga) y utilidades de las empresas. La advertencia latente es que, de mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante: superior al 111%. 

De cumplirse este pronóstico agorero, las salidas serían pocas; en rigor, dos: un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje).

En una gestión propia de un prestidigitador, sin preavisos y con ausencia de mención en la compacta y exótica conferencia para la presentación del Presupuesto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne omitió mencionar ayer uno de los puntos centrales que buscarán aprobar.

El escrito contiene una llamativa modificación que impulsa el gobierno nacional en la Ley 24.156. Se trata del artículo 65 de la mencionada norma que, si se aprueba, muy probablemente va a habilitar al Gobierno a flexibilizar las condiciones que debe cumplir para poder llevar a cabo una reestructuración de la deuda.

Actualmente la ley de administración financiera establece en su artículo 65 que para que el Poder Ejecutivo pueda realizar una reestructuración de la deuda, debe cumplir con dos de tres condiciones: una mejora en el plazo de la deuda, una mejora en el monto o en los intereses de la misma. En el artículo 53 de la ley de Presupuesto se propone modificar las facultades del Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda, quitando la exigencia de requisitos. En su lugar, se señala que esa reestructuración se puede llevar a cabo "atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".

Si se lo piensa, bajo un contexto severamente adverso, las posibilidades de que el Gobierno logre conseguir mejoras en monto, plazo o intereses para poder reestructurar la deuda se encuentran cada vez más lejos. En definitiva, el Gobierno busca que el Congreso lo habilite para reestructurar la deuda sin condición alguna, algo que para algunos especialistas, podría rozar lo inconstitucional o ir en contra de jurisprudencia.

Una fuente de Gobierno le dijo a ámbito.com que en comparación con los países de la región "nos quedamos atrasados por que la norma actual nos pone restricciones que no tienen sentido para el manejo del portafolio de deuda". En ese sentido, agregó que "una ley mal escrita te deja espacio para interpretaciones erradas que te congelan la toma de decisiones" y advirtió que "tenemos que pasar a una etapa de optimizar nuestro portafolio de deuda a medida que baje la inflación y se desarrolle el mercado en pesos. Así como está la ley no tenemos ninguna chance de hacerlo".


Bola de nieve

Un informe de la UMET muestra que la Argentina emitió deuda por u$s 143.800 millones en la era Macri y el 80,2% fue colocado por el Gobierno para cubrir el déficit. En el desagregado, las emisiones de deuda del Tesoro Nacional en moneda local y extranjera, y de las Provincias y el Sector Corporativo en divisas suman desde inicios de la gestión del Gobierno unos u$s 128.830 millones. De este stock, el 80,6% corresponden a colocaciones en moneda extranjera y el 80,2% (unos 103.328 millones) fueron emisiones realizadas por el Tesoro Nacional. Si se agregan los u$s 15.000 millones del primer desembolso del préstamo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total arroja los u$s 143.830 millones mencionados más arriba.

Desde diciembre de 2015 hasta julio de este año, se fueron u$s 54.140 millones netos por salida de activos al exterior del sector privado no financiero (es decir, particulares y empresas, sin bancos). A eso hay que sumar otros u$s 6.200 millones por utilidades, dividendos y otras transferencias pagados al exterior por firmas que están radicadas en el país. Por gastos de turistas en el exterior (por encima de lo que gastaron los extranjeros que ingresaron al país) se llevó otros 21 mil millones de dólares. Sumando los 13.400 millones de saldo negativo en el intercambio comercial del período y los 27 mil millones de dólares pagados en concepto de intereses de la deuda entre diciembre de 2015 y julio de 2018, suman en total algo más de u$s 121.000 millones fugados o pagados al exterior en términos netos en ese período.

Con vencimientos totales de deuda en moneda extranjera entre septiembre y diciembre de este año de 19.590 millones de dólares, la pregunta es qué recursos adicionales buscará el Ministerio de Hacienda para financiarlo. Además, según el informe, la devaluación registrada desde mayo tuvo un impacto nocivo extra: aumentó fuertemente la deuda con respecto al PBI, es decir que el stock de deuda pública al primer trimestre de 2018 creció un 30,7% con respecto a octubre de 2015, hasta 331.481 millones de dólares, mientras que la relación con el PBI creció hasta un 59,3%. Sin embargo, para la última parte del año esa cifra podría llegar a los u$s 357.000 millones.