El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además de apelar la decisión judicial que impediría la construcción de un centro de convenciones y anfiteatro para 10.000 personas en el predio de la Sociedad Rural Argentina, podría incluso llegar hasta el pedido de juicio político contra la jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori. El argumento que esgrimiría es que la magistrada no sólo hizo lugar al pedido de no innovar de un grupo de legisladores izquierdistas de la Ciudad, sino que fue más lejos al fallar que el convenio suscripto entre el municipio y La Rural SA -la empresa que explota el predio de Palermo- es nulo.
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En declaraciones a este diario, Roberto Feletti -secretario de Infraestructura porteño- afirmó: «Apelaremos la determinación de la jueza; y si algún magistrado se arroga el derecho de ser más importante que la voluntad de la gente que vive en un lugar, hay mecanismos institucionales para rever esas situaciones. ¿Cuáles? El juicio político, por ejemplo». Feletti agrega: «Tenemos una encuesta de más de 450 vecinos de la Rural: 99% se manifestó a favor de que se haga la obra».
La dureza de Feletti obedece a que el conflicto quedó planteado entre la Justicia y la Ciudad, dado que la magistrada cuestiona la calidad del estudio realizado por el Ejecutivo porteño.
La acción -de tinte innegablemente político- fue iniciada por un variopinto grupo de legisladores porteños, entre los que se cuentan la comunista Vilma Ripoll, el trotskista «Cacho» Bidonde y la ubicua María Estenssoro.
Tal como adelantó este diario hace algunos meses, el proyecto de La Rural SA -empresa cuya propiedad comparten la Sociedad Rural Argentina y Francisco de Narváez- se planteó invertir 17 millones dólares en un espacio multipropósito, útil tanto para grandes convenciones como para albergar espectáculos. Por esa razón estaban avanzadas las negociaciones con el grupo empresario mexicano CIE, dueño de varias radios en la Argentina, del teatro Opera y concesionario del Zoológico.
• Calles
Las obras prevén también la apertura de la calle Darregueyra, la mejora de las plazas Italia y Ramírez, el corrimiento «hacia adentro» del frente del Pabellón Ocre -sobre la avenida Sarmiento- y la puesta en valor de edificios históricos dentro del predio ferial actual.
Los legisladores habían pedido un «no innovar» porque -aducen- el Ejecutivo porteño no tiene facultades para rezonificar un área catalogada como «parque». «Es absurdo: el tema ya pasó por la Legislatura, se hicieron todos los estudios necesarios de impacto ambiental, se consultó a los vecinos (a los auténticos, a los que viven en las inmediaciones)... Es absurdo pensar que todo lo que existe en la Ciudad tiene que convertirse en parque o en 'centro cultural': esos espacios indefectiblemente terminan degradándose, y la Ciudad ya tiene una amplísima oferta (pública y privada) de cultura. Si queremos una ciudad viable, tenemos que generar polos de crecimiento económico, que den trabajo y revaloricen las zonas», agregó Feletti. Está claro entonces que la gente de Aníbal Ibarra dará la pelea para defender su aval al proyecto de La Rural.
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