Hay acuerdo para garantizar la deuda con la recaudación
Domingo Cavallo consiguió ayer otro logro al prometer el justicialismo que le dará apoyo legislativo para la aprobación de la ley de crédito público, con la cual el país podrá avalar deuda externa con los fondos de la recaudación de impuestos. Con esta iniciativa, que lleva el título simbólico de ley Avellaneda por sus antecedentes históricos, el ministro de Economía busca otro aval ante los mercados para alejar la posibilidad de un default. El apoyo del PJ surgió luego de la reunión entre dos delegados del ministro de Economía (Horacio Liendo y Raúl Garnero) y un grupo de gobernadores de ese partido. El apoyo surgió luego de que se destrabara un punto central: el aval no incluirá la coparticipación sino únicamente recursos del gobierno nacional.
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Según los provinciales, la deuda de sus estados alcanza a 20 por ciento de la nacional, y por eso, una ley que avale esos compromisos con fondos federales debe tener en cuenta que el total de lo recaudado debe dividirse por mitades. La Nación, con su porcentaje, según la óptica provincial, tiene que afrontar la deuda nacional que, además, equivale a tres presupuestos nacionales.
Las provincias, con sus fondos, deberían poder avalar -como lo hacen ya muchas de ellas- sus deudas, que, en total, alcanzan apenas 50% de sus presupuestos globales para un año.
Si una ley, le explicaron a los enviados de Cavallo, les asegura esa discriminación, las provincias podrían endeudarse, además, a una tasa mejor que la que les impone hoy la Argentina. Eso vale para estados con economías saneadas, algunas de las cuales, como Salta, hoy están colocando bonos del tipo «investment grade», porque las condiciones de su administración se lo permiten.
Liendo y Garnero admitieron esas condiciones al reconocer que era un derecho de las provincias evitar que pasasen por esa ley a convertirse en codeudores legales de la deuda nacional. Los gobernadores del Frente Federal se atribuyen ya dominar más de 40 diputados nacionales en el sub-bloque más grande dentro del PJ del Congreso. Una ley de este tipo necesita, además, que algunos artículos sean aprobados con mayorías especiales, y el concurso del voto peronista se vuelve indispensable.
•Asesores
Los funcionarios de Economía aceptaron también que los técnicos que asesoran a los gobernadores en esta materia se sumen desde hoy al grupo de redactores del proyecto final de Ley de Crédito Público. Uno de ellos fue funcionario del anterior gobierno y es Rogelio Frigerio III, que trabajará con los hombres de Cavallo. Otro de los técnicos es el misiones Humberto Schiavoni, que fue ministro de Economía en su provincia.
Con esta luz verde de este sector del peronismo, el gobierno termina de cerrar los apoyos de la oposición, ya que Carlos Ruckauf también se ha manifestado en favor de este proyecto. Como los demás gobernadores, el mandatario de Buenos Aires lo cree útil para mejorar el nivel de las tasas que se pagan en el extranjero. También pidió que su ministro de Economía, Carlos Sarghini, sea consultado en la redacción final de la norma.
Anoche, cuando terminó su reunión con José Manuel de la Sota en su despacho del Ministerio de Economía, admitió que este proyecto de ley podrá ser aprobado con la unanimidad de los legisladores nacionales en el plazo corto. Esa señal, cree, es complementaria a otras medidas, como la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos y las medidas sectoriales para mejorar la competitividad empresaria. En la reunión del CFI, este último ítem de la agenda estuvo presente, y los gobernadores lograron que la próxima negociación sea sobre la industria de la madera que se desarrolla en las provincias de la mayoría de los presentes.




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