Desde hoy debería haber una rebaja en la telefonía básica por aplicación del sistema denominado «price cup» que prevé reducciones anuales de la tarifa considerando que la eficiencia obtenida por las empresas al lograr menores costos debe trasladarse a los usuarios.
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Por el momento, la resolución está en estudio en el Ministerio de Infraestructura a cargo de Carlos Bastos, luego de que el expediente correspondiente fuera girado por el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar.
En los primeros años, luego de la privatización de ENTel, la rebaja fue de 2% y posteriormente de 4%, aplicándose hasta 1999 a las llamadas de larga distancia. Cuando ingresó el gobierno actual y a la vez se concretó la desregulación del servicio telefónico, que implica competencia en la larga distancia, pero todavía no en la local, el criterio varió.
Las empresas Telefónica y Telecom acordaron con el gobierno aplicar el «price cup» para tarifas sociales, tarifas especiales para Internet (0610) y para compensar la no entrada en vigencia de un servicio de informaciones pago, a través del 110. También se acordó descontar del «price cup», la indexación de la tarifa telefónica por inflación de EE.UU. que, según los contratos de concesión, debe aplicarse en marzo y octubre.
El mes pasado, la Justicia en segunda instancia ratificó una medida cautelar dictada en instancia inferior, por la cual se obliga al gobierno a no aplicar el criterio de indexación por tarifas de EE.UU. Telefónica y Telecom presentaron un recurso extraordinario para llegar hasta la Corte Suprema por este tema, pero no hay información de que el Estado haya apelado.
En esta situación, el gobierno puede resolver aplicar el «price cup» que se estime corresponde al último año y descontarle la indexación por precios de EE.UU., como ya hizo en noviembre de 2000, argumentando que debe expedirse primero la Corte para que la cautelar esté firme. O por el contrario, podría no descontar la indexación afirmando que la medida está en trámite judicial.
Se entiende que esto es lo que se analiza ahora en el Ministerio de Infraestructura. La decisión parece influida por dos situaciones opuestas: por un lado, las telefónicas están ganando mucho menos por la recesión y la competencia, y el servicio local es deficitario en varias localidades, sin que todavía se hayan instrumentado compensaciones por el llamado servicio universal. Por otro lado, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se basó en un pronunciamiento de la directora de Asuntos Legales del propio ministerio, cuestionando la indexación de las tarifas por precios externos.
Si finalmente se resuelve que corresponde una rebaja, ésta deberá ser retroactiva a la fecha de hoy, según lo indican los contratos de concesión, y debería aplicarse a los pulsos de la telefonía local donde no hay competencia.
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