Ibarra asume control de la autopista Illia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio ayer el primer paso en la estatización de los derechos de explotar empresas, y se hará cargo desde hoy de la autopista A. Illia luego de quitarle por decreto la concesión a Covimet. Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, firmó el decreto por el cual por los próximos cinco años la autopista pasa a manos de AUSA (Autopistas Urbanas SA), que es una empresa del Gobierno de la Ciudad. Ambito Financiero tuvo acceso ayer al Decreto Nº 149, que hoy será publicado en el Boletín Oficial, donde se detalla cada una de las cláusulas en que, según la Ciudad de Buenos Aires, Covimet no había cumplido con lo pactado. Según se especifica, AUSA tomará control de la autopista en los próximos días y durante ese tiempo no se cobrará peaje. Asimismo, se especifica que el peaje que se abonará en adelante será el equivalente a 25% de los montos establecidos en el cuadro tarifario. Fuentes del Gobierno porteño confirmaron que la tarifa bajará a $ 0,5.

Ayer, los directivos de Covimet, empresa propiedad de CCI (68%) y Grupo Roggio (32%), fueron notificados de la decisión, e inmediatamente se reunieron para analizar el decreto y comenzar a apelar la medida.

Voceros de Covimet dijeron a Ambito Financiero que la medida es «un atropello» y que «no tiene ningún sustento legal».

Desde la empresa dijeron: «Desde la asunción de las actuales autoridades hasta la fecha, el GCBA no ha efectuado ninguna denuncia de incumplimiento ni ha elevado intimidación alguna hacia Covimet, por lo que no ha dado lugar al ejercicio del derecho a la legítima defensa por parte de la compañía». Asimismo, aclararon que en todo caso, «el GCBA ha incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones, lo que ha motivado sucesivos reclamos por parte de Covimet, tanto por vía administrativa como judicial, sin que hasta el momento medie repuesta».

Desde Covimet interpretaban ayer que «la empresa está siendo víctima de una fuerte campaña de corte político, orquestada por los funcionarios del GCBA en el marco de la campaña electoral de la Ciudad y del debate ideológico sobre las privatizaciones, que tiene como objetivo declarado ceder la administración y la caja de la concesionaria a AUSA. De esta forma, el GCBA intenta encubrir su propia y exclusiva responsabilidad en la paralización de uno de los proyectos más importantes de la Ciudad, con inversiones pendientes de más de $ 150 millones que no han podido concretarse exclusivamente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales del GCBA».

Por otro lado, se estimaba ayer que si la Justicia diera lugar al recurso que presente Covimet, la medida tomada por Ibarra generaría consecuencias patrimoniales de gran magnitud para la Ciudad. Desde el gobierno de Ibarra, se especulaba con que un juicio de este tipo tendría como mínimo una duración de 10 años.