El Gobierno avanzará en el revalúo inmobiliario

Economía

Busca recaudar $65.000 millones más este año y más de $130.000 millones extra en 2023. Para el oficialismo, no es un aumento de impuestos ya que no suben las tasas.

El Gobierno intentará recaudar ya este año unos $65.000 millones fruto de la aplicación desde este año del revalúo inmobiliario en todo el país. Para 2023, el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones. Serpa por el efecto que la medida tendría en el impuesto a los Bienes Personales, afectado también por el incremento que impactaría en el mínimo no imponible del tributo y el alza de los activos sobre los que cae en tributo. Pero, además, el alza en el impuesto que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta, a través de la firma de un pacto fiscal.

Según el Ejecutivo, el mecanismo de revalúo fiscal no puede relacionarse con un aumento de impuestos, sino con cambios en la manera de determinar el objeto tributable. El Gobierno mantendría, así, su máxima sobre que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no trae dentro de él ninguna propuesta de incrementos impositivos, nuevos tributos o alzas en las alícuotas. En este caso, sería una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirman en el Ejecutivo, legalmente salvable.

Concretamente, el acuerdo con el organismo financiero internacional incluye el siguiente párrafo en el capítulo donde figuran las promesas de mayor recaudación fruto de la política tributaria: “En estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal (referencia estructural) a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PIB para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PIB durante los próximos años”. Ese 0,1% implica unos $65.000 millones, mientras que el 0,2% alcanzaría hasta $140.000 millones si se cumpliera el compromiso de crecimiento del PBI de este año de entre 3,5 y 4,5%, porcentaje que también figura en el acuerdo.

El Gobierno no ve con malos ojos el avance sobre los impuestos inmobiliarios a partir de un incremento en las valuaciones fiscales, al punto de comprometerse ante el FMI para acelerar los revalúos a nivel federal. El problema de avanzar en este esquema es otro.

Como se trata de impuestos aplicados en las provincias a nivel regional y no de un tributo nacional, debería haber acuerdos con los gobernadores para avanzar en esta política, ya que son las administraciones provinciales las que tendrán que avanzar en el proyecto para que pueda ver la realidad.

Más allá del Ministerio de Economía, saben desde la Casa Rosada que las posibilidades políticas de presión desde el Gobierno nacional sobre los jefes regionales para incrementar presiones impositivas es mínima. Por no decir nula. Podría haberse generado la curiosidad, si existiera eventual apoyo de las gobernaciones manejadas por el oficialismo nacional pero no de las opositoras, de que las provincias cercanas a Alberto Fernández aumentaran el impuesto inmobiliario para que la Nación genere ingresos extras, pero no las de la vereda contraria. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos aumentarían el tributo, y Capital Federal, Mendoza y Córdoba; algo que obviamente será difícil de aplicar. De hecho, ya anunció el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no acompañaría un avance de este tipo, posición que dejó firme en el último acuerdo.

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