Impugnarán las audiencias

El defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo ayer que las audiencias públicas para debatir las tarifas de electricidad y gas convocadas para el miércoles y jueves próximo «carecen de legalidad».

Esta posición del defensor puede derivar en que las audiencias no se concreten o en caso de que se hagan, sean impugnadas posteriormente en la Justicia, con lo cual volverían a postergarse las subas de tarifas.

• Vulnerabilidad

Esto es así porque Mondino en realidad puso de manifiesto la vulnerabilidad de las convocatorias a las audiencias desde el punto de vista legal y la desprolijidad con que se manejó el Ministerio de Economía en este tema, opinión que es compartida en forma más o menos reservada por las empresas privatizadas y los entes reguladores.

Mondino dijo que las audiencias «no están acordes ni con las leyes que regulan la actividad de electricidad y gas, ni a la ley de emergencia pública».

«Si se quieren discutir aumentos de emergencia, las leyes de marco regulatorio de electricidad y gas prevén situaciones de ese tipo y autorizan a los entes a convocar audiencias para discutir el tema», dijo Mondino.

Agregó que «en cambio, la ley de emergencia pública no prevé aumentos de emergencia sino la renegociación de los contratos, por lo cual las audiencias no pueden ser llamadas por la comisión renegociadora de los contratos».

En una resolución dirigida a Economía para que suspenda los debates de la semana próxima, Mondino añadió que el Palacio de Hacienda «asume funciones que por ley le corresponde a los entes reguladores». También dijo que «no existe el instrumento legal de la convocatoria, ni el reglamento del proceso, ni su publicación en el Boletín Oficial».

Mondino dijo que «tampoco hay cuadros tarifarios presentados, porque las empresas respondieron a un pedido del Ministerio de Economía en el cual se les requería el porcentaje de aumento que necesitaban».

• Facultades

También afirmó que «la comisión renegociadora no puede sustanciar el proceso de la audiencia porque no tiene facultades para fijar tarifas sino para renegociar contratos».

El Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, destacó que «lo que va a haber, en estas condiciones, es una asamblea pública, sin validez legal, y desde la defensoría, la vamos a impugnar por la vía administrativa, y si es necesario, porque los funcionarios están sordos, por la vía judicial».

«Le hemos pedido al ministro que evite mayores perjuicios, pero si no nos escucha, no queremos que después diga que hay un complot de los jueces o del defensor», concluyó.