Industria del juicio: advierten que el 90% de los casos responde a lumbalgias, esguinces y otras dolencias sin secuelas

En enero de 2026 habrán ingresado a los tribunales laborales provinciales unos 131.000 juicios. Las aseguradoras advierten que el 90% corresponde a enfermedades o accidentes que no dejan secuelas.

El sistema de Riesgos del Trabajo en jaque por los juicios .

Arg.gob

Más allá del misterio con el cual se maneja el Gobierno respecto de la reforma laboral, que se presentaría recién el 9 de diciembre, junto con otras propuestas del Pacto de Mayo, el problema de la litigiosidad laboral luce cada vez más grave y se desdibuja en la agenda pública. Tal vez, incluso, sea más gravoso para un empleador que el costo de despido.

Para enero de 2026 se habrán acumulado 131.796 juicios por riesgos del trabajo, y el 90% de ellos corresponde a enfermedades que no dejan secuelas, según señalan desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

La presidenta de la UART, Mara Betiol, planteó en una charla con Ámbito que “el 90% de los juicios ingresados son de cero incapacidad”. Es decir, que la persona que inicia un pleito no presenta secuelas permanentes por la enfermedad o accidente laboral denunciado.

De acuerdo con la directiva, estos casos suelen ser juicios por esguinces, dolores de espalda o lumbalgias, que, luego de un tiempo de tratamiento, no dejan secuelas en las personas.

¿Cómo funciona el sistema de ART?

Cuando un empleado sufre una enfermedad o accidente de trabajo, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) constata su cuadro médico y, en caso de corresponder, calcula la indemnización según un listado de incapacidades previsto por ley. Las Comisiones Médicas, que actúan dentro del proceso administrativo, determinan el grado de discapacidad que queda luego del accidente. A partir de esa evaluación, la ART paga la compensación. Todo el proceso incluye la participación de abogados.

Si la persona afectada no está conforme con lo que ofrece la aseguradora, recurre a la Justicia. En teoría, para estos casos deberían existir Cuerpos Médicos Forenses, que con los mismos criterios de las Comisiones Médicas funcionen como una instancia revisora.

¿Por qué aparecen los juicios?

Es casi una paradoja. Según Betiol, “los casos de incapacidades reales son el 10%, que incluyen los fallecimientos, pero estos no son motivo de conflicto”. Es decir, cuando los afectados sufren accidentes graves, como perder un dedo o una mano, donde la secuela es visible y evidente, no hay juicios.

Los litigios comienzan en situaciones donde determinar el grado de incapacidad es menos obvio. Betiol señala que “en los casos en los que las Comisiones Médicas determinan cero discapacidad, cuando pasa a la Justicia aparece 14% de discapacidad”.

El contexto judicial

La Justicia laboral es un fuero provincial y, por lo tanto, cada jurisdicción determina cómo actuar en estos casos. Sin embargo, la Ley de Riesgos del Trabajo, modificada en 2017, fija procedimientos muy detallados sobre cómo tratar cada enfermedad o accidente laboral.

Las provincias solo deben sancionar una ley local adhiriendo a la nacional. Hasta ahora, 18 provincias lo han hecho.

Pero ninguna creó los Cuerpos Médicos Forenses, tal como exige la ley nacional.

Como consecuencia, cada juez convoca a peritos propios, cuyos honorarios se calculan como porcentaje del monto del juicio, lo que incentiva a “engrosar” las incapacidades de trabajadores supuestamente afectados.

“Lo más gráfico de que esas determinaciones no obedecen a ninguna discapacidad real es que hay modas en cada jurisdicción. En Córdoba estaban las incapacidades psicológicas”, explicó Betiol.

Casos emblemáticos

La directiva menciona casos como:

• Un camionero al que hubo que pagarle $300 millones por habérsele establecido una discapacidad del 107%.

• Un empleado que practicaba motocross y se presentaba a las audiencias con un cuello ortopédico, mientras en redes se fotografiaba andando en moto. En ese caso recibió 39% de incapacidad.

• Un perito judicial que firmó más de veinte dictámenes mientras estaba internado en terapia intensiva.

El costo se encarece

El problema de la litigiosidad se convierte en una barrera para contratar nuevos empleados, porque el riesgo de enfrentar un juicio es constante.

Según la UART:

• Para cubrir los costos normales, las ART deberían cobrar una alícuota del 2,19% del salario.

• Hoy perciben 2,85%.

• Con la litigiosidad actual deberían cobrar 3,35%.

• Y si ajustaran la alícuota en función de la eventual litigiosidad futura, deberían llevarla a 5,15%.

Peritos forenses con honorarios fijos

Para resolver el problema, la UART propone que los peritos forenses no tengan honorarios atados al resultado del juicio. Para ello, cada provincia debería ordenar la creación de los Cuerpos Médicos Forenses, como establece la Ley de Riesgos del Trabajo.

En algunos distritos la responsabilidad recae en las Supremas Cortes y en otros en los Consejos de la Magistratura. Hasta ahora no lo hicieron, aduciendo falta de presupuesto u otras excusas.

Un sistema asegurador en riesgo

Los 131.796 juicios están repartidos entre apenas 23 ART, lo que implica que, en promedio, cada una debe enfrentar 5.730 litigios. Eso obliga a las aseguradoras a destinar más recursos al frente judicial que a su actividad central: la medicina laboral.

Desde la UART mencionan un ejemplo comparativo. En España, una incapacidad menor al 33% no es indemnizable, y aun así la conflictividad judicial es diez veces menor que en Argentina.