La AFIPdenunció penalmente por evasión, obligada por el Código Penal, a miles decontribuyentes que se presentaron en el último llamado a regularizar susituación y que en la actualidad se encuentran pagando correctamente. Elproblema fue reconocido ayer por el propio Héctor Rodríguez en la Comisión dePresupuesto y Hacienda de Diputados cuando le pidió a los legisladores lasanción de una ley que impida que sean denunciados quienes se presentan debuena voluntad ante el fisco. Ahora el Congreso podría sancionar una leyespecial, incluso se habla de introducir un artículo al Presupuesto Nacionalpara el 2001 para excluir la sanción penal para quienes se presenten ablanquear sus ganancias ante el organismo recaudador. Pero eso no bastaría: enDiputados se analiza la necesidad de sancionar una amnistía para «perdonar» aquienes se presentaron ala moratoria confiando en aclarar sus cuentas y cayeronen la trampa. La historia es simple. Cuando la DGI detecta algún tipo de fraudefiscal que supere el millón de pesos sus funcionarios están obligados adenunciarlo. De lo contrario pasan a ser responsables por encubrimiento. Estedeber tiene origen en el Código Penal que obliga a cualquier funcionariopúblico a denunciar la comisión de un delito cuando llega a su conocimientoestableciendo para el incumplidor un agravamiento de la figura penal. Hastaaquí todo parece normal. Pero sucede que bajo este principio los funcionariosde la DGI comenzaron a denunciar penalmente a quienes se presentaron al últimoplan de facilidades de pago, el convocado por el Decreto93/2000. Esoscontribuyentes concurrieron al llamado del gobierno, reconocieron sus deudas,actualizaron su declaración de ingresos y de Bienes Personales y luegocomenzaron a pagar las cuotas correspondientes. Es obvio en que muchos de esoscasos la DGI detectó evasores. Es más, los propios implicados debían reconoceresa situación al ingresar en un plan de facilidades. Sería ridículo pensar quese presenta quién nada debe. Dictamen Quienes declararon deudas inferiores a $1.000.000 no tuvieron mayores inconvenientes, pero quienes superaron ese montofueron denunciados penalmente por estar atrapados en las sanciones de las leyes23.771 y 24.769, es decir la Penal Tributaria. La pregunta entonces sería:¿Nadie pensó al convocar a un plan de facilidades que se detectaríanlógicamente infracciones a la Ley Penal Tributaria que el propio contribuyentereconocería para comenzar a regularizar su situación? La respuesta es: sí. El17 de mayo de este año la Asesoría Legal de la DGI emitió un dictamen en el quedeclaró: «No corresponderá la formulación de denuncia a los contribuyentes quese acojan al régimen instaurado por el Decreto 93/00 en tanto y en cuanto supresentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada...». Ese dictamense emitió en respuesta a una carta que el Consejo Profesional de CienciasEconómicas de la Capital Federal le envió a José Luis Machinea el 3 de mayo de2000 donde los contadores le advertían al ministro:«...el éxito no será elesperado si no se contempla con toda precisión la procedencia de la exención delas sanciones previstas en la ley Penal Tributaria para aquellos contribuyentesque no habiendo sido objeto de denuncia penal o querella por parte de la AFIP,regularicen sus deudas en los términos y condiciones previstos en el Decreto93/2000». Pero a pesar de ese dictamen, que en un principio llevó tranquilidada los contadores que recomendaron a sus clientes presentarse al plan defacilidades, un tiempo después las denuncias penales comenzaron a ingresar atribunales. Y es que un razonamiento mínimo indica que un dictamen de laAsesoría Legal de la DGI no protege a los funcionarios frente a la obligaciónque establece por ley el Código Penal de denunciar ante el conocimiento de undelito. El primer dolor de cabeza para el jefe de la AFIP llegó hace 20 díascuando en Bariloche durante la Asamblea Anual de Profesionales de CienciasEconómicas los contadores se echaron encima de Rodríguez para explicarle lasituación de muchos de sus clientes empresarios: «Están pagando y van a irpresos», fue el reclamo. La acción se trasladó al Congreso cuando ayer Lambertole preguntó a Rodríguez por el problema durante una reunión de Presupuesto yHacienda. Allí el funcionario le pidió a los legisladores una solución.«Estamos preparando un artículo, que podría ir en el presupuesto, para corregireste tema. El problema es que en la DGI hay instrucciones muy laxas sobre elproblema, pero nadie se quiere meter. Si esto fuera una novelase deberíatitular: «Acójase a la Moratoria y vaya en cana», dijo ayer Lamberto, queademás de diputado es contador. Pero los diputados deberían avanzar aun más. Undictamen legal que pidieron en la comisión alerta que: «El problema que nosoluciona la norma proyectada es en los casos de denuncias respectos deconductas que de no recurrirse a una amnistía no tendría solución». Es decir,la ley que obligó a los funcionarios a denunciar es de orden público. Lasdenuncias presentadas no pueden retirarse y la Justicia debe seguir avanzando.
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