Las alturas del poder no sólo marean a los políticos. En el área económica también son víctimas de sus efectos. Es el caso del secretario Legal y Administrativo de Economía, Eduardo Pérez, que, en el mayor de los secretos, puso en marcha todo un operativo para perpetuar al lavagnismo en los puestos clave del Palacio de Hacienda, aun después del ocaso de Eduardo Duhalde. La idea es concursar por decreto todas las direcciones nacionales, generales y comunes (más las subdirecciones) para poder colocar, artilugios selectivos mediante, gente de confianza. Desde hace dos años, todos los directores nacionales y generales y otras funciones ejecutivas tienen prorrogados sus mandatos, lo que hace más sospechosos el silencio y la premura con que se está manejando esta operación copamiento. Hay casos como el del director nacional de Transporte Aerocomercial, Manuel Gamboa, separado desde hace dos años de su cargo, que mantiene todavía un litigio en la Justicia para que se lo reponga, un argumento que sirve a los impulsores de la medida. O sea, lo que pongan hoy en la administración no se podrá remover mañana. Lo que se dice una medida de transición.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Claro que entre tantos puestos a cubrir no todos tienen el mismo valor estratégico. Por ejemplo, uno de los principales es la Dirección General de Administración, hoy a cargo de Juan Intelesano. Con el manejo de sólo este cargo se garantizaría el control por cinco años de todo el sistema de pagos de la nueva administración, algo que no podría controlar el nuevo ministro.
Las filtraciones de este plan causaron gran malestar entre el personal de carrera del ministerio, ya que ve en esta maniobra una forma de perjudicar a empleados eficientes para beneficiar sólo la «caja» de alguna organización política bonaerense. Pero, más que un problema sindical, lo que se advierte es una intencionalidad política típica del peronismo, partido del que se nutrió Lavagna.
