6 de junio 2024 - 14:40

Jubilaciones: Javier Milei promete vetar la suba pero afirman que el gasto es financiable

Lo aprobado en Diputados equivale a una suba del gasto de 0,43 puntos del PBI. Las exenciones y regímenes especiales que permiten a empresas y personas no pagar impuestos implican el 2,49% del PBI.

Milei anticipó el veto al aumento de las jubilaciones. Pero hay datos que demuestran que es posible financiar el incremento.

Milei anticipó el veto al aumento de las jubilaciones. Pero hay datos que demuestran que es posible financiar el incremento.

Reuters

El presidente Javier Milei debería revisar el proyecto de Ley de Presupuesto enviado el año pasado por el ex ministro de Economía Sergio Massa, porque ahí tal vez encuentre alguna solución para cubrir la falta de fondos que necesitaría si prospera el nuevo sistema de ajuste de jubilaciones que propone la oposición.

Claro está que falta bastante para llegar a ese escenario que el Gobierno rechaza. Todavía tiene que aprobar el Senado el proyecto de ley, el Presidente debería vetarlo según anticipó, y el Congreso insistir con dos tercios de sus miembros. Aunque parece lejano y difícil que ocurra, no es de descartar, ya que la oposición dialoguista y el kirchnerismo juntos cuentan con números suficientes como para poder insistir en su ley llegado el caso.

La furia desde el oficialismo por lo aprobado en Diputados tiene más que ver con la señal política que se está dando, que por el problema fiscal que le podría ocasionar al Gobierno en su afán de conseguir el déficit cero.

De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de subir 8% los beneficios de los jubilados y actualizarlos en 2024 sería de 0,43 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Según un estudio detallado de la oficina técnica del Congreso, el costo total del sistema previsonal se iría al 7,57% del PBI, mientras que en el esquema pensado por Luis Caputo, que se contempla en el DNU que derogó la fórmula de la ley impulsada por el anterior gobierno, el costo es de 7,14 del PBI.

No se está hablando de puntos del PBI sino de décimas, que aunque en números redondos implican importes grandes, dentro de la estructura del Sector Público Nacional tienen un impacto menor.

“La fórmula prevista en el presente proyecto de ley determina un gasto equivalente a 7,57% del PBI (incluyendo bonos, que son automáticos), lo que implicaría 0,74 puntos más que con la Ley 27.609 (gobierno anterior) y 0,43 puntos más que con la fórmula del DNU 274/24 (Milei)”, dice la OPC.

Si se desglosan los componentes del gasto, la OPC detalla que las erogaciones en prestaciones previsionales del proyecto aprobado sería de 0,62 puntos respecto de la Ley 27.609 y 0,32 puntos en relación al DNU.

En asignaciones familiares el gasto bajaría 0,11 puntos respecto a la Ley 27.609 y 0,08 en relación al DNU 274/24 y en Pensiones no Contributivas subiría 0,06 puntos respecto a la Ley y 0,03 en lo que se refiere al DNU 274/24.

Por otro lado, la OPC aclara que los bonos compensatorios representan 0,81% del PBI según el proyecto, que es 0,16 puntos mayor al compararlos con los otros escenarios, ya que la iniciativa aprobada propone que sean variables en función de la diferencia entre los haberes más bajos y la Canasta Básica Total, mientras que en los otros casos se supone un bono fijo mensual de $70.000.

Qué son los gastos tributarios

Si el costo que supondría pagar un 8% a las jubilaciones es del 0,43 puntos del PBI, es de recordar que en el esquema que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, al inicio de su gestión, señala que para lograr el ajuste de 5 puntos requería de la restitución del Impuesto a las Ganancias, que equivale a 0,4 puntos del PBI.

Pero, por caso, cuando Massa presentó un proyecto de Ley de Presupuesto con déficit cero, su propuesta era hacer pagar impuestos a todos los que por alguna razón legal no lo hacen actualmente. Ese gasto tributario el año pasado equivalía al 2,49% del PBI.

El año pasado fueron $3,6 billones. De ellos, $2,6 billones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $995.057 millones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica.

Se trata de datos oficiales. El Impuesto al Valor Agregado, representa el 54,75% de los gastos tributarios, equivalente a 1,36% del PBI. “En particular, el 86,58% tiene origen en las exenciones y alícuotas reducidas -establecidas en la ley del tributo- y el resto, $269.262 millones, en los beneficios otorgados por diversos regímenes de promoción económica”, señala un reporte oficial del año pasado.

Por caso, los gastos tributarios que afectan al Impuesto a las Ganancias equivalen a 0,51% del PBI del año pasado.

La opinión de los economistas

Alejandro Pegoraro, titular de la consultora Politikon Chaco advirtió a Ambito que “en términos del camino elegido por el Gobierno esto puede complicar la situación fiscal. lo que ocurre es que de alguna manera están avalando que para lograr el equilibrio fiscal tiene que licuar los ingresos jubilatorios, cuando la lógica tendría que ser al revés, lograr el equilibrio para mejorar los haberes jubilatorios”.

Según dijo, se puede “hacer más eficiente el gasto en áreas del Estado, lo que permitiría direccionar recursos”, por lo que a su entender el tipo de ajuste elegido por el Gobierno “pareciera ser que es lo tenían más a mano”.

Por su lado, Hernan Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que “cuando el Gobierno hizo el ajuste sobre los jubilados, además de insensible, cometió el error de que los jubilados consumen con lo cual pegó en la actividad”.

“En lo estrictamente fiscal, el cambio votado por Diputados es financiable, porque cuando uno ve cómo resolvió el déficit, lo hizo en 95% a costa de los jubilados”, agregó Letcher, quien sostuvo que “el Gobierno mismo promueve en el paquete fiscal una reducción en Bienes Personales del 0,33% del PBI y propone una suba de Ganancias que es 0,3% del PBI”. “Que suspendan la reducción en Bienes Personales”, propuso.

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