Jubilaciones: "No habrá libertinaje"

Alberto Fernández

El gobierno reaccionó tras el fallo de la Corte que habilitó el ajuste de las jubilaciones según el índice de salarios. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió que el peligro es que se produzca una situación de «libertinaje» en el manejo de los fondos públicos.

Si el ajuste dispuesto para el denominado «caso Badaro» se aplicara al resto de los jubilados que no cobraron todos los aumentos dispuestos desde 2002, el costo podría llegar a los $ 8.000 millones.

Por eso, desde la Casa Rosada explicaron que la decisión del Supremo Tribunal se aplica «caso por caso», tratando de dejar claro que el fallo «no crea jurisprudencia». El jefe de Gabinete procuró descartar que pueda generarse un aluvión de reclamos similares.

«Habrá que buscar -agregó- cómo se sale de esta situación que se ha creado, poniendo un índice que de ningún modo comprometa el erario.» El ministro recordó que un fallo anterior de la Corte había señalado que «la actualización de las jubilaciones no se podía hacer en desmedro del gasto público».

Juicios colectivos

Pero ya están quienes planean realizar juicios colectivos para que el Estado ajuste los haberes jubilatorios. Es el caso de Eduardo Mondino, defensor del pueblo de la Nación, quien explicó que analiza «hacer una presentación por el colectivo de jubilados que no hayan visto modificada su jubilación por encima de lo que ha fijado la Corte». Una alternativa es incluir en el reclamo a los 50.000 jubilados que ya iniciaron juicio por la falta de la movilidad de haberes. También desde el Poder Legislativo hicieron sentir su preocupación por la decisión de la Justicia. Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque de senadores justicialistas, acusó a Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema. Indicó que busca «prestigio personal» y advirtió que «la Argentina no es Finlandia».

«El fallo de la Corte -indicó el legislador- tiene la finalidad de quedar bien, es un fin muy loable quedar bien con los jubilados, pero el país es uno solo y los recursos del Estado hay que cuidarlos.»

Fue más duro Pichetto al señalar: «Nosotros no somos la basura, los malos, y los otros siempre son los buenos. Este cuerpo (por el Congreso) tiene una agenda y tratará a su tiempo esta cuestión, porque tampoco estamos en contra del espíritu».

Además, advirtió que «no puede haber un cogobierno con la Corte» y sostuvo que «hay que tener cuidado con las decisiones de los jueces que afectan decisiones económicas o que ponen en riesgo la situación fiscal del país». Para finalizar indicando: «Vamos a tomar los criterios del fallo y a evaluar de qué manera resolvemos la cuestión de la movilidad».

Quienes están en condiciones de hacer el reclamo son todos aquellos jubilados que en diciembre de 2001 cobraban más de $ 250 y recibieron aumentos menores en relación con quienes percibían el haber mínimo.

El primer reclamo debe hacerlo ante la ANSeS, luego ante la Justicia de primera instancia, recurrir a la Cámara y por último pasar al máximo tribunal.

«El jubilado sufre una especie de discriminación, porque es el único que tiene obligatoriamente que cumplir con la triple instancia: reclamar a la ANSeS, luego al Juzgado, a la Cámara y la Corte», afirmó José Manuel Besteiro, abogado especializado en seguridad previsional que, además, señaló que el problema de los reclamos judiciales es que «pueden demorar hasta 7 años», aunque admitió que «para reparar una injusticia lo único que queda es el juicio».