La exportación a la Unión Europea de cortes de carne de alto valor, conocida como Cuota Hilton, sigue generando polémica y escándalo en el país, una discusión de tal magnitud que distorsiona el eje central del problema.
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Hoy, la pelea por la exportación de las 28.000 toneladas de carne en cortes de alta calidad al mercado europeo parece tener un solo ganador: las medidas cautelares. A través de la Justicia, muchas empresas que no cuentan con antecedentes de exportación --llamada past performance-o que no cumplen con las normativas impositivas o previsionales (ningún deudor del fisco puede acceder a la cuota) se hicieron acreedoras a un alto porcentaje de las 28.000 toneladas. De esta forma, otras empresas vieron recortada su porción.
Frente a esta situación, la Secretaría de Agricultura, a cargo de Miguel Campos, organismo encargado de asignar el reparto de la Hilton, no pudo desconocer los recursos de amparos presentados por los frigoríficos y asignó más de 35% del total admitido. Así, de las 28.000 toneladas valuadas en 200 millones de dólares, los fallos de los jueces han asignado 10.200.
El accionar de la Justicia posee su correlato no sólo en la ira de los frigoríficos que han perdido participación en el negocio europeo, sino también en la economía real. Mientras que las empresas que han obtenido parte de la Hilton por las vías normales emplean a cerca de 12.500 personas, las agraciadas por los amparos contratan a sólo 2.000 trabajadores y en total pueden exportara Europa 677 toneladasmás que las primeras.
El motivo de la abrupta diferencia no es justamente la mayor eficiencia, sino que las segundas son frigoríficos de menor calibre con escasa participación en otros mercados mundiales.
Los frigoríficos más grandes del país presentaron una demanda penal contra el secretario de Agricultura, Miguel Campos, y el subsecretario del área responsable de la distribución, Claudio Sabsay. Dicha demanda plantea no sólo una distribución considerada injusta por el volumen que concede a frigoríficos presentados como irregulares -y que según la normas no deberían acceder a la cuota cedida a la Argentina-sino porque, según la demanda, no tuvo en cuenta la necesidad de « desjudicializar» esta distribución.
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