Tal como informó este diario, la Justicia en primera instancia suspendió ayer el aumento en las tarifas de gas y electricidad en todo el país, en respuesta a la presentación efectuada por el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Con anterioridad, otro fallo había ordenado suspender las subas sólo en la Capital Federal, debido a que la acción había sido promovida por la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira.
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Como Mondino tiene legitimidad para accionar en nombre de los habitantes de todo el país, el fallo dictado ayer por la jueza Susana Córdoba tiene vigencia a nivel nacional. Afecta a las transportadoras y distribuidoras de gas, y las transportistas de electricidad, por lo cual no habrá aumentos en ninguno de los dos servicios en lo que se refiere a las áreas que están bajo jurisdicción nacional. (Podría ocurrir, pero es muy improbable, que alguna provincia autorice un aumento para la distribuidora local.)
El fallo de la jueza Córdoba, cuyo contenido no trascendió, se basaría en los mismos elementos por los cuales la Justicia ordenó suspender las audiencias públicas convocadas para debatir aumentos de tarifas y frenó las subas en la Capital Federal. El argumento fundamental de la Justicia es que la ley de emergencia pública no prevé aumentos «de emergencia», «a cuenta» o «transitorios», sino que plan-tea la renegociación integral de cada contrato de concesión.
• Derecho vulnerado
En el caso del decreto para las tarifas de gas y electricidad, el fallo consideraría, además, que se vulnera el derecho constitucional de participación de los usuarios ante una medida que afecte a los servicios públicos, y que habría un abuso del Poder Ejecutivo al disponer la medida a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Si el gobierno sigue la vía de la apelación, tal como se anunció oficialmente, se prevé que los tiempos en la segunda instancia y en la Corte Suprema superarán el plazo que le queda al actual gobierno.
Por eso, las empresas privatizadas ya están convencidas de que no tendrán ajustes en las tarifas durante la actual administración, lo que deja una pesada herencia para el gobierno que asuma el próximo 25 de mayo. También se abre un interrogante sobre la calidad de los servicios porque, según trascendidos confiables, algunas compañías recortarían horas extras, reparaciones durante los fines de semana y reducirían el plantel de atención comercial, personal y telefónica.
Hasta ayer, el Ministerio de Economía seguía evaluando la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley que modifique la de emergencia pública, para que pueda haber aumentos de tarifas hasta que el próximo gobierno renegocie los contratos. Pero para que la medida sea aprobada en el Parlamento, se requeriría una ardua negociación aun con los legisladores justicialistas, por lo cual hay pocas expectativas de que el proyecto se apruebe.
