La «causa penal militar» instruida contra tres generales que reivindicaron la aplicación de las torturas cometidas durante el Proceso militar estaría lista para ser elevada al presidente Néstor Kirchner. En ese expediente se le propondría un abanico de penalidades y sanciones comprendidas en el Código de Justicia Militar para castigar a los militares imputados. Dentro de las sanciones está prevista la degradación, y prisión o reclusión de hasta cinco años. En tanto que las penas comprende la destitución o la baja de la fuerza en que revisten, con pérdida de sus jubilaciones.
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El sumario involucra a los generales retirados en la mira: Ramón Genaro Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy, y fue instruido por el general Luis Pozzi.
El mismo apunta a determinar las responsabilidades «disciplinarias y/o penales» que podrían desprenderse de las declaraciones que los tres militares realizaron a la televisión francesa en el que justificaron el terrorismo de Estado aplicado entre 1976 y 1983. • Agravio
Según el decreto presidencial que ordenó la apertura de la causa, estas declaraciones «constituirían prima facie un agravio a las FF.AA. y sus miembros» y sus conductas podrían encuadrarse en el artículo 758, segundo párrafo del Código de Justicia Militar, referido a los delitos contra el honor.
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