La otra conspiración de banqueros y reguladores

Una presentación del abogado Ricardo Monner Sans, apalancada en los dichos del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni en la causa Bustos, ha motivado que un fiscal solicite a un juez federal la indagatoria de cientos de directivos de entidades financieras y del Banco Central, imputados por la crisis económica que estalló a fines de 2001, conocida como «corralito financiero». El fiscal opina que hubo un perjuicio no sólo para los ahorristas, sino para toda la sociedad y que la Ley de Intangibilidad de los Depósitos fue un ardid de los funcionarios y banqueros para robarse la plata, y que la norma firmada por el entonces presidente Fernando de la Rúa debió llevar el nombre de «decreto exteriorizando la crisis bancaria de insolvencia más grande de la Historia Argentina».

En el caso Bustos, Zaffaroni indicó que la situación generada no era producto del azar ni de las fuerzas de la naturaleza, sino de sucesivas medidas políticas, y que la situación que enfrentaba la economía nacional no podía ser desconocida por los técnicos que intervenían desde sus distintas funciones, sino que debía investigarse si existió la preparación de una defraudación de « proporciones colosales».

Asimetría

El «corralito» -más tarde transformado en «corralón»- generó una pesada asimetría en el balance de los bancos, por el «rate gap». Este se representa en un eje (x) que mide el tiempo y un eje vertical (y) donde se representa el corte de las curvas que miden una tasa pasiva (el costo de absorción de fondos), más el gasto de cada entidad para administrarse y una tasa activa, que es la rentabilidad por prestarlos. Para mantener ese gap, la proyección del corte de las curvas sobre el eje x debe ocurrir en un plazo similar al gap de liquidez, para que cada banco pueda devolver todos sus depósitos según su estructura de depósitos y préstamos, nunca excediendo unos 30 meses, si actúa bajo las prácticas tradicionalmente aceptadas en países con economías de mercado.

Cuando los bancos otorgan un préstamo que excede el plazo promedio de sus depósitos (y crea el liquidity gap negativo), inmediatamente separan una parte de esa cartera de largo plazo, la ceden a un fiduciario y emiten títulos que negocian en el mercado de capitales, adquiridos por inversores que tienen gap de liquidez positivo, y quieren arbitrar una tasa de interés en el futuro: emiten así obligaciones subordinadas a esa cartera, y la decisión de colocar o no una emisión relacionada sobre tal cartera se vincula con la tasa de interés a la cual logren fondearse.

Esto permite a cualquier banco operar a favor de su liquidez, como programas contingentes de pases donde terceras entidades se comprometen a comprar estas obligaciones, con el compromiso de revenderlas en un período determinado, y sustituir una parte de los requisitos de liquidez por préstamos contingentes de bancos internacionales. Ello permite reducir las reservas de los bancos nacionales e incrementa el crédito en el sistema. Los bancos centrales del G-7 actúan sobre la liquidez del sistema inyectando fondos mediante descuento de carteras garantizadas por organismos gubernamentales o comprándoles con pacto de reventa de bonos del gobierno federal y así estableciendo la tasa de interés de referencia que refleje su política monetaria.

Los bancos recibían depósitos a corto plazo y prestaban a largo plazo, pensando en la renovación permanente de los depósitos del sistema. Cuando el Estado interfiere en los contratosentre particulares y refinancia una parte del activo del banco (por la compensación de la «pesificación asimétrica» o por los préstamos a las provincias), «estira» el plazo de pago del activo a una tasa de interés inferior al costo de captación (el pasivo) de los bancos, y desplaza el «rate gap» hacia la derecha. En ese momento, hay pocas cosas que el banco pueda hacer, salvo bajar el gasto todo lo posible, crear un fideicomiso, transferirle una buena parte de su cartera y colocar entre sus depositantes y otros inversores los certificados de participación, convirtiendo su principal actividad en la de un banco de inversión.

Obligados

Pero el Banco Central obligó a las entidades a hacer esto. En lugar de festejar una Ley de Intangibilidad de Depósitos, debió obligar a las entidades a colocar la cartera «larga», o a colocarla en swaps, o intentar modificar los contratos con los deudores ofreciéndoles cláusulas de «open end» (de plazo variable) que implican mantener el valor de los flujos (las cuotas) agregando los vencimientos al del período, todas las veces necesarias durante la vida del préstamo y así evitar la mora del deudor. Obligó a los bancos a venderle sus dólares compulsivamente a $ 1,40 y les entregó los pesos, con los que cada hora debían atender las medidas cautelares decretadas por los jueces por los depósitos en dólares. Para más datos, la acusación contra el Banco General de Negocios era «violar el corralito».

En verdad, la génesis de este proceso está en la tendencia de los gobiernos a desobedecer la ley por razones políticas, « exponiendo el derecho de propiedad a la demagogia de los populistas sin propiedad ni responsabilidades», como lo señalara John Marshall hace casi 200 años. Washington decía en su testamento político, hace 211 años, que la Constitución «tal como existe, hasta que sea reformada por un acto auténtico y explícito de todo el pueblo, es sagrada y obligatoria para todos: si el pueblo cuenta con el deber y el derecho de establecer un gobierno, presupone el deber de cada individuo de acatar la Constitución: todo intento de impedir la aplicación de las leyes destruye este principio fundamental y tiende a producir consecuencias fatales».

Años más tarde del invento regulatorio, la Justicia pretende actuar. Pero de acuerdo con el dictamen del fiscal, está buscando una enorme masa de banqueros conspiradores en el sector privado, que no tenían otra alternativa que obedecer el Decreto 1.501/01 bajo la amenaza de un sumario en los términos del Art. 41 de la Ley de Entidades Financieras, cuando todo lo que debería hacer es preguntarles a los burócratas que redactaron las normas si estaban sobrios. De otra manera, la sociedad caerá en el vacío, como cuando en el inmortal cuento de Ortega y Gasset, el gitano le responde al cura que le preguntaba si conocía los diez mandamientos: «Padre, yo los había aprendido, pero he oído por ahí el runrún de que los iban a quitar».