La pesca artesanal, opción ante la crisis

Una alternativa válida para enfrentar la actual crisis en el caladero del mar argentino es su explotación mediante la pesca artesanal.

Este método de pesca, reconocido por la FAO como de uso racional y sustentable, no es evaluado seriamente en nuestro país en ninguno de sus dos aspectos: ni como renovador de recursos, ni como factor de ocupación de mano de obra no calificada de gran multiplicidad y donde interviene generalmente toda la familia.

Reiteramos el ejemplo de Chile, que, con sus casi 4.100 km de extensión, posee 400 caletas de pescadores (caletas o puertos) agrupando a 48.614 pescadores artesanales, que poseen 14.430 embarcaciones. Allí, los trabajadores de la pesca se organizan laboralmente en sindicatos, cooperativas o federaciones, dando trabajo en forma directa a 400 mil personas, que dependen de este tipo de explotación.

En contrapartida a esto, registros no demasiados confiables dan en nuestro país como cantidad máxima de pescadores unos 900, la mayoría no agrupados, que, confrontados a los chilenos, nos reflejan una paupérrima realidad.

El lector entonces se preguntará: ¿cómo se define al pescador artesanal y que legislación lo protege en nuestro país? A nivel nacional sólo hay una resolución del Consejo Federal Pesquero que define las embarcaciones artesanales como aquellas que no poseen más de 10 m de eslora y, aconseja a las provincias adoptar el mismo marco legal, aunque autoriza a aumentar la eslora de las embarcaciones en casos en que las circunstancias así lo exijan.

De las provincias del litoral marítimo sólo la de Chubut tiene una legislación que identifica como embarcaciones para pesca artesanal a aquellas que posean menos de 10 m de eslora, definiendo y reglamentando esta actividad.

Otro ejemplo de trabajo serio lo vemos en Canadá que, de la flota de más de 23 mil embarcaciones que posee, 22 mil son menores de 10 m y sólo un puñado de las restantes superan los 30 m de eslora. Cabe destacar que tanto Chile como Canadá tienen hoy un recurso renovable.

En cambio, el calamitoso estado de nuestro recurso pesquero obedece nada más y nada menos a que se ha permitido dar el zarpazo cada vez más grande, sin importar qué quedaba en el fondo, fabricando barcos con una capacidad de pesca cada vez mayor, y, cuando no alcanzaron, se chartearon desde el exterior para obtener más dividendos, logrando una riqueza para pocos y desamparando al resto, o sea, a la mayoría.

Días pasados, en un encuentro de pescadores artesanales en Puerto Madryn, el presidente de la asociación local definía al pescador artesanal como: «... aquel que tiene con su actividad 'una esperanza de vida', que busca confiadamente su sustento muchas veces sin embarcación y logrando con sus manos el producto y continuidad de la naturaleza...». «... pero el sustento no se gana, decía, sino que se 'pelea como una batalla diaria' por la depredación que se está realizando, pescando en zonas vedadas, épocas prohibidas, con artes de pesca no autorizadas, etc., es decir, sin racionalidad...»

En el mencionado encuentro, al que concurrieron pescadores artesanales de nuestro litoral marítimo y científicos tanto de nuestro país (INIDEP, CENPAT) como también de Chile y Uruguay, se desgranó con crudeza la realidad de la actividad argentina. Intervinieron en las mesas de trabajo también sindicatos, cooperativas y empresarios, y fue notoriamente llamativa la ausencia del sector político, salvo la presencia del diputado Daniel García (PJ) de Chubut. Evidentemente a nuestros políticos poco les interesa esta actividad de intensiva ocupación de mano de obra. El mayor dirigente de Chile, Sr. Caracciolo, manifestó claramente: «Ustedes tienen todavía pesquerías sanas para lo artesanal, hablen menos y hagan más cosas...». Nos preguntamos entonces ¿por qué tanto desinterés de nuestra dirigencia política?, como ejemplo podemos decir que en la provincia de Chubut hay hace casi dos años un proyecto de pesca artesanal de 20 barcos que otorgaría ocupación directa a más de 200 familias, creando un verdadero polo de desarrollo en Comodoro Rivadavia, que no necesita financiamiento y sólo se encuentra demorado injustificadamente en espera de un aval político. ¿Quizá deba pensarse que es más redituable o rentable avalar a una empresa extranjera que a una cooperativa nacional? Como es el caso de la empresa sudafricana Irvine & Johnson (compradora de Alpesca), a quien el gobierno de la provincia de Chubut avaló con 4,5 millones de dólares en caso de incumplimiento en la devolución de un préstamo. Extraño el accionar de los poderes o centros de decisión, siendo tan simple pensar en políticas crediticias acordes con la posición social de los pescadores y no ridículas disposiciones que les piden garantías propias de un acaudalado empresario. Aceptar el desafío del mar es una cosa, pero reunir los requisitos exigidos por una entidad bancaria es más que imposible para un pescador artesanal. Facilitar el crédito social, en cambio, enfatiza el compromiso del pescador y de su familia con el lugar y con su actividad, el conocimiento de ésta, sus antecedentes personales y sociales, es decir, elementos que valorizan al hombre y su entorno, y no sólo a su respaldo económico.

Obviamente se lo debe acompañar con capacitación, seguimiento empresarial y con un programa integral para trabajar en conjunto, tal como lo realiza Brasil con el SEBRAF (programa de capacitación del micro y pequeño empresario brasileño).

La actividad del mar nos presenta el desafío. ¿Serán capaces los políticos de enfrentarlo o dejarán a los pescadores «sin esperanza»? En «La Divina Comedia», el Dante escribe que en las puertas del infierno hay una leyenda que reza «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» (Deje toda esperanza aquel que entra). ¿Estaremos frente a esa puerta?