La Rioja

La Rioja quedó comprometida a profundizar una serie de medidas tendientes a reducir el gasto público, sin involucrar la estabilidad ni los salarios de sus agentes estatales.

En el anexo II del pacto se mencionan puntualmente las medidas a través de las cuales Maza tratará de hacer buena letra. La vocación conciliadora de los riojanos queda demostrada en que muchos de los puntos ya fueron cumplidos. Veamos de qué se trata:

• Privatización e incorporación de tecnología en el área de recaudación impositiva para mejorar los niveles de recaudación.

• Reducción de 5 a 2 en la cantidad de ministerios y una merma de 40 por ciento en niveles de secretarías y subsecretarías.
  
• Privatización del servicio de control de ausentismo y medicina laboral para el sector docente.
  
• Convenio con la provincia de Salta para racionalizar el gasto en personal, contratando especialistas en gestión y administración integral que controlen legajos del personal; el gobierno quiere que cada agente cobre lo que le corresponda.

• Reducción de 13% del presupuesto para gastos asignado a las funciones legislativa, judicial y del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2002 respecto del año pasado.

• Monitoreo directo de la ejecución presupuestaria en el área de Economía. Es decir, se asignan a las áreas cuotas mensuales con previsión presupuestaria que, antes de ejecutarse, debe ser aprobada por el Ministerio de Economía.

• Concentración de la mayor cantidad de áreas y oficinas públicas en el edificio del ex hogar escuela, para eliminar erogaciones en concepto de alquileres. Incluye liberación de bienes fiscales que serán puestos a la venta.

• Eliminación del sueldo anual complementario en todos los cargos políticos del gobierno (medida aplicada el año pasado).

• Reducción de 30% de las erogaciones correspondientes al personal contratado por tiempo determinado, que fue dispuesta en agosto pasado.

• La concretada transferencia de 70% del paquete accionario del Nuevo Banco de La Rioja con prohibición expresa de utilizar mecanismos de financiamiento al Tesoro provincial; es decir, el Estado no puede obligar al banco a endeudarse para sostenerlo con préstamos que se destinen a financiar gasto público.

• Privatización del servicio de agua potable en las tres principales localidades, concretada en marzo del corriente año.

• Reforma constitucional ya dispuesta que disminuyó en 50% los cargos electivos legislativos provinciales y municipales (diputados y concejales).