19 de marzo 2007 - 00:00

La SIGEN le había señalado a Economía cobrar y no pagar

Con la cantidad de funcionarios del Ministerio de Economía investigados por su accionar en el caso Greco era lógico que comenzara a surgir más evidencia sobre ese polémico intento de pago por $ 587 millones que frenó el Senado. Se sabe ahora que en enero un memorando interno de la SIGEN recomendó a Economía cobrar las deudas antes que pagar, igual que como lo hicieron en octubre de 2006 -cuando la Cámara de Diputados no había iniciado aún el tratamiento del proyecto de pago-los propios funcionarios de Deuda Pública del Ministerio. Ellos también advirtieron sobre los pasivos que el ex grupo mendocino mantenía con el Estado y que no se habían contemplado. Recomendaron allí frenar todo pago hasta no volver a verificar la ya cuestionada liquidación. A pesar de esa notificación, el proceso continuó su camino.

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Ambito Financiero tuvo acceso a documentación sobre el caso Greco donde se prueba que el Ministerio de Economía estaba advertido acerca de las deudas que ese grupo mantenía con el Estado.
El avance en la investigación del caso Greco, tanto en la Justicia como en el Senado, sigue aportando novedades sorprendentes. El Ministerio de Economía se empeña en afirmar que no existen constancias de la decisión de cancelar la cuestionada deuda judicial con ese grupo, cuando se envió el proyecto al Congreso solicitando autorización para emitir nuevos bonos por un total de $ 1.300 millones. Es lo que Felisa Miceli le dijo a los senadores radicales cuando ya existía copia (lo publicó este diario) de una aclaración al senador Jorge Capitanich de Jorge Amado, director nacional de Deuda Pública Consolidada, sobre la inclusión de las seis órdenes de pago a los Greco por $ 587 millones dentro de ese proyecto de ley.

Pero, como si esa información no bastara, siguen apareciendo constancias de que la cartera económica fue advertida en varias ocasiones, en los meses previos al inicio del proceso de pago, de los problemas que existían entre la causa civil donde los Greco-Bassil litigan por cobrarle al Estado y la liquidación real de esa deuda, que los abogados del fisco en su momento no defendieron.

Uno de los casos más claros es el Memorando 011/2007 que el 5 de enero de 2007 le envía la doctora, María Elisabeth Rodríguez Greno, gerente de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura General de la Nación, al síndico general. Analiza allí el expediente de los Greco precisamente por el pedido de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía para investigar las responsabilidades de funcionarios que había ordenado Felisa Miceli cuando el escándalo ya era público. Y deja en claro la cantidad de ellos que conocían los problemas en torno de ese expediente antes que Diputados avanzara con la votación del proyecto (que incluía el pago), luego frenado por la oposición, en el Senado.

La descripción del caso que hace en ese memo Rodríguez Greno, incluye un aporte clave desconocido hasta ahora. Precisa que por Memorando 59/06 del 10 de octubre de 2006, el director de Administración de Deuda Pública «con el conforme del director nacional de Crédito Público y del subsecretario de Financiamiento» le advierte a la subsecretaría Legal del Ministerio de Economía que no proceda al pago sin verificar la liquidación. Ese memo se emite casi un mes después del envío al Congreso del famoso proyecto de ley para emitir $ 1.300 millones en bonos -que incluían casi $ 600 millones para los Greco-, pero a tiempo todavía para frenar la votación en Diputados -lo que sucedió recién el 29 de noviembre de 2006-, El texto es elocuente: «Atento la inminencia del pago de que se trata, se analice la posibilidad jurídica de intentar el recupero de las sumas erogadas por el Estado nacional en concepto de deuda consolidada por diversos conceptos, por cuenta y orden del den o m i n a d o Grupo Greco, las que ascenderían aproximadamente a $ 164.000.000. Ante ello la subsecretaría legal ... solicitó al área requirente que suministre precisiones respecto del aludido importe. No se ha localizado en el expediente respuesta a dicho pedido».

  • Mensaje

    La traducción a lenguaje llano de este párrafo es simple: lo que la SIGEN le estaba diciendo al Ministerio de Economía es que estando en conocimiento que avanzaba el proceso de pago a los Greco, con su último episodio en el Congreso, se intentara legalmente modificar la liquidación introduciendo las deudas que el grupo mantenía con el Estado, algo que no fue incluido en la homologación judicial de 2005 y que, se investiga ahora, los abogados del Estado no impugnaron, como también lo destaca Rodríguez Greno en su informe.

    El relato de esta funcionaria de la SIGEN no termina allí. Se consigna en el informe que el coordinador de Entes Liquidados afirmó que su sector no intervino en la causa judicial ni en las tratativas de acuerdo con el grupo que derivaron luego en la ejecución judicial del convenio firmado con el Estado en 1987.

    Hacia el final recomienda: «Así, si el monto incluido en la liquidación firme no se compadece con la manda judicial, ni responde a la verdad objetiva, y existen elementos que así lo demuestran, deben arbitrarse los medios necesarios para evitar abonar lo que no es debido». Esa información ya era conocida por el Ministerio de Economía con anticipación, por lo que no se explica que, aunque hubiera cometido un error al enviar al proyecto al Congreso, no frenara su tratamiento en Diputados, algo que sólo sucedió cuando dos senadores radicales denunciaron el pago supuestamente encubierto.
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