20 de octubre 2004 - 00:00

Lavagna a franceses: "No critiquen por la inseguridad jurídica"

Pese a los cuestionamientos del ministro Roberto Lavagna a los directivos de empresas francesas, la reunión se realizó en un clima cordial.
Pese a los cuestionamientos del ministro Roberto Lavagna a los directivos de empresas francesas, la reunión se realizó en un clima cordial.
El ministro Roberto Lavagna pidió ayer a empresarios franceses que sean «más cuidadosos» cuando se refieren a la inseguridad jurídica, y les reiteró que «el gobierno no va a permitir un uso indebido en el CIADI (tribunal bajo la órbita del Banco Mundial para resolver diferendos sobre inversiones) de los acuerdos de inversión que suscribió el país».

El ministro de Economía recibió a los representantes de varias empresas francesas que operan en la Argentina como Total, Aguas Argentinas, Electricité de France, Carrefour, Accord Group, Peugeot-Citroën, Renault y Aventis Pharma. Fueron acompañados por el embajador de Francia, Francis Lott.

El encuentro que se extendió durante una hora y media, fue definido como «muy cordial y ameno», pero los empresarios cuestionaron el proyecto de ley de régimen nacional de los servicios públicos. El embajador dijo también que si bien hoy el costo argentino «es muy competitivo», esa ventaja «se diluye en algunos casos por problemas de inseguridad jurídica».

Lott también aseguró que «el abandono de la convertibilidad y la política prudente y constante de la actualidad, son elementos esenciales para que siga el camino del crecimiento económico».

Por su parte, Lavagna les pidió a los empresarios «que sean más cuidadosos con el uso del calificativo de inseguridad jurídica ya que, sin desconocer que hay problemas, a veces son cuestiones cotidianas o gerenciales que ocurren en todo el mundo».

Según el ministro, «no bastan las leyes para garantizar la seguridad jurídica, ya que en la Argentina hubo leyes de déficit cero, de intangibilidad de los depósitos y de protección de las reservas y la seguridad jurídica no se mantuvo». De todas maneras, Lavagna reconoció que «es necesario despejar algunas cuestiones pendientes en materia jurídica en general», concepto que fue interpretado como un elíptico mensaje a la Corte Suprema, que aún debe expedirse sobre la pesificación de los depósitos.

«La seguridad jurídica sin un programa macroeconómico no alcanza, como tampoco es suficiente un programa macroeconómico adecuado sin seguridad jurídica»,
aseguró el ministro. Añadió que «después de la crisis que vivió la Argentina se restablece más rápido el sistema macroeconómico que el jurídico».

Lavagna insistió con sus cuestionamientos a los juicios iniciados por las privatizadas ante el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, debido a la pesificación y congelamiento de las tarifas.

En cuanto al proyecto de ley que incorporará nuevas normas de regulación para las empresas de servicios públicos, Lavagna afirmó que tanto «el
presidente Kirchner como yo tenemos algunas dudas sobre este proyecto de ley y no hay urgencia para tratarlo». Aunque también aseguró que la iniciativa «define expresamente que los servicios públicos puedan ser prestados por empresas privadas pero los derechos del consumidor no van a ser los de los '90, sino que se adecuarán a pautas internacionales para que un consumidor argentino tenga los mismos derechos que uno europeo».

Las empresas de origen francés estuvieron representadas por Carlos Ramírez (Alcatel), Luis Ureta Sáenz Peña (Peugeot-Citroën), Daniel Cavé y Juan Manuel Lardizabal (Renault), Henri Lanfontaine (EDF), Fabio Fabri (Carrefour), Fabián de Paul (Louis Dreyfus) y Marc Brechignac (Grupo Accord). La nómina se completó con Alain Cognard (Aventis), Carlos Mentasti (Alstom), Carlos Ben (Aguas Argentinas) y Horacio Turri (Total).

En un comunicado, la Embajada de Francia aseguró tras el encuentro que
«se busca inaugurar una nueva etapa en el desarrollo de la inversión francesa en la Argentina». También indicó que «el señor ministro y los empresarios coincidieron en que la estabilidad y la previsibilidad del marco jurídico y fiscal son fundamentales a la hora del buen desarrollo de la inversión directa extranjera en la Argentina».

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