Lavagna prometió nuevas subas de tarifas en abril

Aunque todavía no está firmado el decreto que autoriza alzas en las tarifas de gas y electricidad a partir del 1 de diciembre, el ministro Roberto Lavagna dijo a «Le Figaro» de París que es «posible que haya nuevos aumentos antes de las elecciones».

En forma paralela, la Comisión de Combustibles de la Cámara de Diputados estudia un proyecto que modifique la ley de emergencia pública en lo referido al congelamiento de tarifas, para permitir que haya ajustes tarifarios antes de la renegociación integral de los contratos.

Si bien las declaraciones de Lavagna deben verse como parte de su búsqueda de respaldo de los países europeos para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, el ministro también estaría respondiendo al requerimiento de ese organismo que planteó un aumento ahora y otro en marzo.

Según «Le Figaro», la decisión del gobierno argentino sobre las tarifas contribuyó a lograr un compromiso de apoyo del ministro de Economía de Francia, Francis Mer, en las negociaciones con el FMI. Retomando expresiones de Lavagna, el periódico francés estimó que los accionistas de las privatizadas argentinas observan en esta primer alza «una señal de que el proceso» de incrementos ya comenzó.

• Reforma

Por otra parte, el gobierno logró ayer que empezara a discutirse la tercera alternativa para llegar al aumento de tarifas, precisamente la que se considera más viable desde el punto de vista legal: la modificación de la ley de emergencia.

Las tres alternativas que están planteadas son:

• Esperar la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo sobre la apelación del Estado a la medida de primera instancia que ordenó suspender las audiencias para debatir tarifas de luz y gas según las leyes regulatorias de ambas actividades.

• Autorizar los aumentos para electricidad y gas por un decreto de necesidad y urgencia, que aun en medios oficiales, se considera que será rápidamente impugnado por la Justicia por no haberse realizado previamente audiencias públicas.

• Modificar la ley de emergencia pública, porque los fallos que vienen suspendiendo las audiencias, se basan en que esa norma prohíbe un aumento de tarifas, antes de que se realice la renegociación integral de los contratos.

En relación con esto último, ayer el titular de la Comisión de Combustibles, el justicialista Arturo Lafalla, presentó un proyecto para cambiar la ley de emergencia. «El Congreso debe modificar el artículo 8 de la ley para permitir que los incrementos estacionales o reclamados por los prestatarios para el funcionamiento operativo, se resuelvan por los mecanismos de las leyes vigentes para cada servicio», dijo Lafalla.

Esa corrección, según el legislador, volvería a poner en vigencia las leyes que regulan la actividad eléctrica y la del gas, que no están derogadas.» Me parece que ése es el mecanismo sensato, legal, sin excluir ningún poder público y sin perjudicar al usuario para resolver este conflicto»,dijo.

Lafalla aludió a la necesidad de «hacerle un muy corto agregado al artículo ocho»de la ley de emergencia, para permitir que se apliquen las leyes que regulan esas actividades «y que están vigentes».

• Corset

El diputado aclaró que los incrementos que reclaman las empresas, en el caso de corresponder, «se harían sin perjuicio de la renegociación de los contratos y su posterior vuelta al Congreso para que los ratifique». También afirmó que la ley de emergencia «ha establecido un corset que impide cualquier modificación de las tarifas, si antes no se aprueba la renegociación de los contratos». Añadió que «ése es un proceso complejo (el de la renegociación), que está en pañales, y también es cierto que hay reclamos, que se podrán aceptar o no, pero lo que no se puede hacer, es dejar de atenderlos». «No digo -concluyó- que haya que otorgar los aumentos, digo que hay que meter los reclamos dentro de un mecanismo legal.»

Las leyes del gas y la electricidad prevén que las empresas bajo regulación de ambas actividades (transportistas y distribuidores) podrán solicitar ajustes tarifarios al ente regulador, si el pedido se fundamenta en circunstancias objetivas y justificadas, y que ante tales requerimientos los entes reguladores deben llamar a audiencias públicas.