Ley Fiscal: pasa a agosto aprobación

El oficialismo en Diputados intentará sacar mañana dictamen de comisión de la Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque recién se aprobará en el recinto el primer miércoles del mes que viene, cuando termine el tradicional receso invernal en el Congreso. El gobierno de Néstor Kirchner confía en que el 4 de agosto será ley esta norma que pone un límite al endeudamiento de las provincias y que venía siendo reclamada por el Fondo Monetario.

Mañana, el peronismo que responde a la Casa Rosada impulsará la redacción de un despacho de Presupuesto y Hacienda que podría estar firmado antes de las vacaciones que comienzan, de hecho, el lunes que viene. El tratamiento en sesión plenaria en agosto le permitirá al Ejecutivo presentar la norma antes de la tercera revisión de las metas en la que trabajan Economía y los técnicos del organismo financiero internacional.

El proyecto, que obtuvo sanción del Senado el miércoles pasado, prevé normas de transparencia y de gestión pública, a cuyo efecto el gobierno nacional presentará, antes del 31 de agosto de cada año, ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio, detallándose el contenido.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que será el órgano de aplicación de la futura ley, tendrá su asiento en la Ciudad de Buenos Aires y estará integrado por los ministros de Economía de cada una de las jurisdicciones participantes: la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema apunta básicamente a optimizar el manejo de las finanzas públicas a través de un mejor control del gasto y la creación de fondos anticíclicos.

La iniciativa oficial había generado el rechazo de buena parte de las provincias que se oponían a las restricciones que fija al endeudamiento, con el argumento de que la rigidez de la normativa pondría a la mayoría de los estados provinciales en incumplimiento en el mismo momento en que entrara en vigencia.

• Cambios

Por eso, los senadores introdujeron algunos cambios en la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Parlamento, que podrían mantener los diputados, entre los que se incluyen la posibilidad de que las deudas anteriores contraídas por las provinciaspuedan refinanciarse, pero respetando el cumplimiento del tope de 15 por ciento establecido en la ley. Esta iniciativa es considerada como una alternativa a la nueva, pero demorada, Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que discuten la Nación y los gobernadores, aunque sin llegar a un acuerdo. Las infructuosas tratativas generaron diferencias entre Néstor Kirchner y el gobernador bonaerense Felipe Solá. En cuanto a los gastos, se establece que las erogaciones corrientes no podrán superar la tasa de aumento anual del Producto Bruto Interno (PBI) que prevé el gobierno nacional.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja convocó a una reunión especial para mañana a las 19 para debatir este proyecto de límites a los gastos provinciales sancionado por el Senado el miércoles pasado. Si bien el oficialismo hubiera preferido tratar el proyecto la próxima semana en el recinto, deberá aguardar hasta el 4 de agosto para debatirlo, debido a que el radicalismo no quiere otorgar los dos tercios para habilitar su discusión sobre tablas, en sintonía con la posición sustentada en el Senado el miércoles pasado.

De esta forma, el justicialismo deberá asegurarse el respaldo de la totalidad de sus miembros y de algunos bloques aliados, ya que la iniciativa contará con el rechazo del radicalismo, el socialismo, el ARI, la izquierda y otras bancadas de centroizquierda.

En ese sentido, el vicepresidente segundo del radicalismo, Fortunato Cambareri, anticipó: «El radicalismo no dará los dos tercios para acelerar su debate», y volvió a insistir con la necesidad de «aprobar primero una Ley de coparticipación previo a la discusión de un proyecto de Responsabilidad Fiscal». En tanto, el demoprogresista Alberto Natale, que integra el Interbloque Federal, sostuvo que la ley «es insuficiente para contener los excesos en el gasto público provincial» y recordó que «hay alrededor de 10 provincias que tienen similares normas y que no se cumplen».