El gobierno podrá contar antes de fin de año con una de las herramientas que más espera del Congreso: la ley que le permite a Roberto Lavagna autorizar o no la fusión o compra de empresas de sectores estratégicos como servicios públicos. Esa idea, que surgió cuando comenzaron a detectarse niveles preocupantes de inflación este año, tiene dos aspectos contradictorios. Permite reorganizar un país como la Argentina, donde existe el mal de pactar precios. Para eso fue enviada en su momento al Congreso casi como una amenaza. Fue al mismo tiempo que la Comisión de Defensa de la Competencia con acierto sancionaba a empresas cementeras y proveedoras de oxígeno con fuertes multas por haber cartelizado precios (aunque supuestamente lo hubieran hecho hasta 1999). Pero al mismo tiempo, el ministro de Economía podrá prohibir la fusión de empresas o la compra de éstas con su sola lapicera. Es decir, oponiéndose inclusive a esos dictámenes de la Comisión de Defensa de la Competencia. Es un cuerpo que se creó para ser autónomo y terciar en casos de monopolios, oligopolios o carteles, y ahora pierde buena parte de su poder.
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