Ley de Abastecimiento: se necesita a los gobernadores

Economía

Con sólo 25 inspectores, la Secretaría de Comercio no cuenta con la cantidad necesaria de agentes para hacer cumplir las normas. Se requiere la inspección física y la elaboración de actas donde consten las infracciones.

La aplicación de la Ley de Abastecimiento exigirá un necesario acuerdo con los gobernadores y los intendentes en todo el territorio nacional si se quiere controlar el nivel de precios y la existencia de productos en las góndolas y comercios pequeños. La Secretaría de Comercio, que es la autoridad de aplicación de la norma, cuenta apenas con 25 inspectores para controlar todo el país. Su estructura no está pensada para la intervención del Estado.

Por tratarse de un procedimiento administrativo, la ley exige que exista un control en presencia del personal habilitado. Se tienen que labrar actas donde quede constancia de que una empresa incurrió en algunas de las infracciones previstas. Por lo tanto, sería imposible llevar a cabo un control eficaz con ese número de funcionarios para mandar a la calle. Aunque la secretaria de Comercio, Paula Español, disponga algún tipo de mecanismo online para que la gente pueda denunciar casos, por ejemplo, un sitio web, igualmente se tendría que mandar un inspector al lugar para constatar la infracción.

Hay que tener en cuenta que la ley está vigente y reglamentada. No serían necesarios ni decretos, ni resoluciones complementarias para su aplicación.

Dada la escasez de recursos humanos que tiene actualmente la Secretaría de Comercio, se estima que los inspectores podrían enfocarse en actuar sobre los grandes proveedores. Las grandes empresas, que generalmente suelen ser una o dos, que dominan los mercados de productos de consumo masivo. La ley no sólo se enfoca al final de las cadenas. Se puede intervenir en cualquier eslabón. Incluso, si algún productor de materia prima pudiera restringir el envío de sus productos especulando con un incremento de precios futuro.

La ley luego permite a la empresa afectada recurrir el procedimiento, y tiene derecho a una indemnización del Estado, en caso de que hubiera tenido que producir a pérdida para abastecer al mercado. Un punto de la ley que no está claro es que se excluye del alcance de esta a las mini, pequeñas y medianas empresas, pero no se determina un procedimiento sobre cómo identificarlas legalmente. En principio, cualquier comercio chico podría ser considerado pyme y entonces quedaría fuera de los controles la gran mayoría de los locales. La lógica indicaría que las empresas deberían tener el mismo certificado previsto por la ley pyme que se usa también para acceder a la Moratoria 2020.

Entre los empresarios consultados por Ámbito Financiero existe cierta preocupación por el escenario que generó la pandemia de Covid-19. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) presentó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, una nota por Mesa de Entradas. Allí se propone una decena de medidas en línea como favorecer la perspectiva del financiamiento, y de la postergación de vencimientos de impuestos. Incluso, se reclama para que a AFIP suspenda los embargos de cuentas mientras dura la crisis. Natalio Grinman, el secretario de la entidad, comentó que “los empresarios tienen mucha conciencia de lo que está pasado”. “No creo que haya abusos, pero puede haber algún pícaro”, explicó. La CAC en cuyo edificio sobre la avenida Alem, a metros de la Casa de Gobierno, dejó en sus oficinas el personal esencial. Apenas 25 empleados, los otros 63 están en sus casas, en la modalidad de home office o licenciado.

La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) reclamó a autoridades nacional y provinciales que haya coordinación en las medidas que se adopten para la restricción del transporte dentro del país. “El temor que persiste es que los decretos provinciales y la falta de coordinación ministerial se contrapongan con las necesidades del sector para poder abastecer eficazmente”, admiten en una nota de prensa.

La crisis también alteró la normal rutina de reuniones del gobierno con los dirigentes empresariales. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, tuvo un encuentro mediante el sistema de videoconferencia con el ministro Matías Kulfas. Tan solo unos 1.500 metros separan al edificio de la UIA en Avenida de Mayo, del Ministerio, en Roque Sáenz Peña al 600.

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