Libertad sindical a estatales

El gobierno, para cumplir con una promesa que Néstor Kirchner le hizo a Víctor De Gennaro, de ATE, dispuso ayer una medida de cierta trascendencia para la vida sindical. Los casi 2.160.000 empleados públicos de todo el país tendrán libertad para agremiarse. Por ahora, sólo es para el sector público, pero sería un ensayo para el privado. También tiene un trasfondo político, ya que satisface, a manera de premio, al sector gremial que Kirchner decidió privilegiar en su relación con los sindicatos.

El gobierno dio ayer el mayor paso en años para modificar la legislación sindical, al permitir la libertad de afiliación para los trabajadores públicos de todo el país. La medida se tomó a través de una Resolución General 255 que lleva la firma del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que aparecerá hoy en el Boletín Oficial, y por la cual cualquier sector sindical que demuestre tener 10% de la representación dentro de un ámbito determinado podrá ser legalizado y elegir delegados con posibilidades de negociar oficialmente. Hasta ahora, sólo el gremio que se considera con mayor número de afiliados tiene esta posibilidad, con lo cual la medida tomada ayer por el gobierno representaría la flexibilización sindical más importante en décadas.

En total serán más de 2.159.684 trabajadores públicos que podrán tener libertad de sindicalizarse, siempre que cuenten con un mínimo de 10% representatividad. Según fuentes del gobierno, esta medida no será ampliada hacia el sector privado, para lo cual se necesitaría una nueva ley de asociaciones gremiales. Hasta ahora conviven más de 700 sindicatos autorizados en todo el país que agrupan a empleados públicos.

• Trasfondo

Más allá de este cambio radical de la realidad gremial, la decisión tiene un trasfondo político. Se trata de cumplir una promesa que en algún momento le hizo el entonces candidato presidencial Néstor Kirchner al titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Víctor De Gennaro, que le dio su apoyo total. Esta agrupación, que asegura tener la mayor cantidad de trabajadores agremiados, sin embargo debía militar sin oficialización ya que la representación legal la detentaba la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) de Andrés Rodríguez. Este, en lugar de De Gennaro, había dado sus inclinaciones a favor de Carlos Menem. De todas maneras, éste tomó la decisión con templanza y declaró que la medida es «muy satisfactoria» y representa «un viejo anhelo de los trabajadores del sector público».

En total, la decisión alcanzará a 2.159.684 estatales, que en teoría desde hoy podrán sindicalizarselibremente. El desagregadomarca, según los datosque maneja el economista Orlando Ferreres sobre información del Ministerio de Economía, que hay 265.954 empleados en la administración pública nacional «con un costo promedio de 2.160 pesos mensuales de salario); 1.359.602 personas que trabajan en el sector público provincial ($ 1.151 mensuales) y unos 335.467 empleados en los municipios (1.071 pesos por mes de salario promedio). A éstos hay que sumar los empleados del sistema financiero público -bancos nacionales y provinciales y otras dependencias como el Banco Central-($ 2.310 mensuales), los que alcanzan las 39.000 personas, y otros 144.000 que trabajan en dependencias como las universidades nacionales, provinciales y municipales y empresas públicas con salarios promedio de 785 pesos por mes.

La dependencia pública con más empleados es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que detenta 19.000 empleados, incluyendo la DGI, la Aduana y la dirección general de recaudación previsional. En este caso, SUPARA (Aduana) está dirigido por Carlos Sueiro, que adhiere a la CGT de Rodolfo Daer. Por su parte AEDGI (Impositiva), que maneja por ahora Jorge Martínez, milita cerca de Hugo Moyano. Dentro de la DGI hay una oposición a Martínez que podría aprovechar la nueva libertad, para acercarse al ATE de De Gennaro. En realidad, éste es hoy el líder de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), y al frente de ATE se encuentra Rubén Grimaldi, con genoma en el PAMI.

Según la nueva reglamentación, la posibilidad de aplicar la libertad sindical entre los empleados públicos es una deuda que el Estado argentino tiene por haber adherido a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Allí se estipula que «en caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería gremial se le podrá conceder igual personería a otra asociación, para actuar en la misma zona y actividad o categoría», según reza en los considerandos de la nueva resolución.

La clave de la norma figura en el artículo 3, donde se menciona que «el número de delegados elegidos por cada asociación sindical será directamente proporcional a los afiliados cotizantes que posea, siempre que mantengan un mínimo de 10% de afiliados». Esta modificación, más allá de la normalización de ATE y UPCN en igualdad de condiciones, abre la posibilidad para que cualquier agrupación sindical que demuestre que posee 10% como piso del total de afiliados puede enviar delegados a las negociaciones con los representantes de la «patronal» del Estado.