Limitan a 20% la cantidad de traspasos de obra social

El gobierno estableció un lí-mite a la desregulación de las obras sociales, al fijar un tope de 20 por ciento para el incremento del padrón de afiliados de cada prestadora y obligar a una permanencia de 9 meses en la entidad elegida por los trabajadores. Las primeras definiciones de la reglamentación del nuevo sistema que revelaron ayer el ministro de Salud, Héctor Lombardo, y el superintendente de Salud, Rubén Cano, intentan frenar la ola de protestas de las obras sociales sindicales que, de todas maneras confirmaron que acudirán a la Justicia para que se deje sin efecto la desregulación.
Lombardo y Cano debatieron ayer con el sindicalista Carlos West Ocampo y con el presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepaga (AEMP), Pablo Giordano, frente a los futuros prestadores de servicio de salud, farmacias, laboratorios y clínicas, entre otros sectores.

El clima de hostilidad contra la decisión del gobierno lo expresó tanto West Ocampo --ade-lantó que la presentación a la Justicia contra el decreto de desregulación se concretará en los próximos días-como Giordano -anticipó que ninguna empresa privada está interesada en sumarse al nuevo sistema-.

Aspectos centrales

En ese ámbito, Cano adelantó dos aspectos centrales de la futura desregulación:

Habrá un cupo para el traspaso entre obras sociales equivalente a 20 por ciento del padrón de la entidad receptora. Con esa medida, se pretende evitar que las obras sociales que prestan un buen servicio (especialmente las correspondientes al personal de dirección) soporten el ingreso masivo de afiliados provenientes de entidades con baja calidad de prestaciones.

Habrá un período de 9 meses obligatorio que deberán permanecer los trabajadores antes de poder cambiar de obra social o empresa prepaga que decida sumarse al nuevo sistema, con un límite de un cambio por año. De esa mane-ra, se busca garantizar ingresos a las obras sociales y empresas durante un lapso determinado y obligar a los trabajadores a razonar la conveniencia de mudarse de prestador.

Esas dos medidas estarán incluidas en el decreto de reglamentación de la desregulación del mercado de obras sociales, que el gobierno prometió sacar el 22 de diciembre con o sin la colaboración de las empresas y sindicatos interesados.

Precisamente, bajo el argumento de que aún tienen tiempo para sacar la reglamentación hasta el 22 de diciembre inclusive, se defendieron ayer los funcionarios ante las críticas de los empresarios y sindicalistas preocupados porque a menos de 20 días de que entre en vigencia el decreto el gobierno no definió las condiciones para aplicar la desregulación.

«Siguen sin estar definidos los puntos principales. Aún no se conoce cómo va a proceder el Plan Médico Obligatorio (PMO), no se sabe si las enfermedades preexistentes deben estar a cargo financieramente o si deben ser prestadas por la obra social de origen durante nueve meses», se quejó Giordano. El titular de la AEMP, detalló que, bajo esta situación «ninguno» de los empresarios, al menos de los nucleados en esa asociación «tiene intención» de inscribirse en el registro.

Por su parte, West Ocampo insistió en remarcar que «hay una oscura intencionalidad» detrás del proceso de desregulación de obras sociales y anunció que el sindicalismo está dispuesto a dar batalla contra esa normativa, «judicial y políticamente».

El sindicalista se refirió de esta forma a la marcha que la CGT de Rodolfo Daer convocó, para el 19 de diciembre, hasta el Ministerio de Economía y a la presentación judicial que formularán contra el decreto presidencial que habilitó la desregulación.

«Hay una clara intencionalidad política que es dar un golpe al sindicalismo porque sin las obras sociales el sindicalismo es más chico y tiene menor poder y cuanto más débil es, el salario es más barato», dijo West Ocampo defendiendo su «caja».

Firmeza

Con todo, Lombardo dijo que el gobierno no piensa dar marcha atrás en ningún aspecto que tenga que ver con la desregulación y se quejó porque --dijo-«cada sector defiende sus intereses sin poner atención a que éste es un sistema que apunta a cambiar el sistema de salud en la Argentina, que está haciendo agua».

«Hay lobbies de los sindicalistas, que quieren mantenerse en este sistema y de las prepagas que pensaban que iban a poder tener planes jerarquizados para captar los recursos de las obras sociales y quedarse con los afiliados de mayores ingresos», remarcó. «Tienen que entender -continuó- que algunos van a tener que perder la cautividad y otros perder ingresos de un sistema que les proporcionaba tener a los más sanos y a los que más ganaban».