Correo Argentino, la empresa liderada por el grupo Macri, reclamó a la Justicia que declare inconstitucional el Decreto 721 por el cual se crea la empresa postal del Estado: CORASA. La principal objeción del grupo empresario es que esa norma incluye la transferencia de bienes de la ex concesionaria a la nueva compañía estatal, en particular una planta procesadora en Monte Grande, «adquirido con posterioridad a la firma del contrato de concesión y abonado con fondos propios», según advierte la presentación judicial.
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La demanda del grupo Macri se inscribe en una situación judicial muy enmarañada. Correo Argentino estaba en concurso de acreedores en noviembre del año pasado, cuando el Estado dictó los decretos por los cuales rechazó los planteos del ex concesionario y rescindió el contrato de concesión.
Ante este hecho, el juez del concurso, Eduardo Favier Dubois, decretó la quiebra de Correo Argentino, considerando que sin contrato había perdido su objeto social y no tenía forma de recuperar el giro del negocio. La medida fue apelada por la empresa, quien argumentó la existencia de otras actividades como la certificación de firma digital y la instalación de locutorios ejecutivos. En enero, durante la feria judicial,-la Cámara en segunda instancia dio lugar a la apelación y ordenó suspender el efecto del fallo de Favier Dubois.
De esta forma, el Correo de Macri se encuentra hoy formalmente en concurso de acreedores, y reclama que la Justicia abra el proceso por el cual alguno de los socios o de los acreedores puede hacer una nueva propuesta al conjunto de los acreedores.
• Decreto
En el medio de este conflicto judicial, el Correo de Franco Macri inició en febrero un incidente contra el Estado sobre los bienes de la concesión. Poco después, el gobierno dictó el decreto formando una sociedad anónima Correo Argentino SA o CORASA.
Ahora, la sociedad liderada por Macri pide que el decreto sea declarado inconstitucional por el mismo juez del concurso (ya no es Favier Dubois porque se excusó), y pide al magistrado que dicte una medida de no innovar para evitar que «se modifique la situación fáctica y jurídica existente respecto de los activos de la concursada». De todas formas, todos los bienes de la concesión eran del Estado, y sólo la planta de Monte Grande se compró después de la firma del contrato. A esto se suma que el Estado es uno de los principales acreedores del Correo del grupo Macri por los cánones impagos.
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