Si los diputados de la Coalición Cívica logran respaldo suficiente para el proyecto de ley que presentaron este martes, le sumarán mayores problemas al Gobierno que quiere llegar a fin de año con un superávit de 1,6% del PBI. A las iniciativas de emergencia en discapacidad, el reparto de ATN y los cambios en el impuestos a los combustibles, los legisladores que se referencian en Elisa Carrió agregaron un proyecto por el que se plantea un incremento desde los $500 millones a los $130.000 millones al fondo para las emergencias agropecuarias.
Así consta en una iniciativa presentada por los legisladores Victoria Borrego y Juan Manuel López, que contempla algunas modificaciones a la Ley de Emergencia Agropecuaria 26509.
La norma fijó en 2009 un fondo especial de $500 millones para atender los problemas climáticos que afectan a la producción primaria. Desde ese momento la cifra no fue modificada. Hoy serían unos u$s450.000.
En los considerandos, los autores de la propuesta dicen:
- “La norma previó la creación de un fondo (FONEDA), estableciendo que sus recursos quedaban conformados por: las partidas asignadas anualmente por la Ley de Presupuesto -fijadas inicialmente en un monto mínimo equivalente a $500.000.000-; las herencias, legados y donaciones; las multas cobradas por infracciones a la ley; los fondos provenientes de préstamos nacionales e internacionales; y otros aportes que dispusiera el Estado nacional para atender situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario”.
- “Sin embargo, dado que el monto mínimo de los recursos presupuestarios fue establecido en 2009 y considerando el proceso inflacionario sostenido que atravesó nuestro país desde entonces, dichos recursos se han ido desactualizando hasta encontrarse hoy en niveles absolutamente insuficientes. Por tal motivo, el presente proyecto propone su actualización, determinando que ese piso mínimo, para no sufrir una pérdida en términos reales y mantener la capacidad de respuesta, debe elevarse a $130.000.000.000 y actualizarse periódicamente”.
Otro punto polémico de los cambios que propone la CC es que la declaración de emergencia o desastre agropecuario no quede a discreción del Poder Ejecutivo. Empieza por un pedido de las provincia a la Comisión Nacional para que se expida en 5 días y comunique al PEN y si éste no se expide queda automáticamente declarada la emergencia o desastre.
El proyecto recuerda que en mayo de este año el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia en gran parte del territorio mientras que la respuesta nacional llegó en septiembre.
La norma también determina una serie de beneficios fiscales para los productores en zona de emergencia que contempla prórroga de vencimientos de impuestos, eximir total o parcialmente del impuesto a los Bienes Personales, descuentos del Impuesto a las Ganancias cuando el productor tiene que vender hacienda de manera obligada y suspensión de juicios por parte de ARCA, entre otros.
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