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Así, los hasta ahora tenedores de estos préstamos vuelven a la situación anterior a noviembre de 2001, cuando se instrumentaron en el marco del Canje I de la operación de reestructuración de deuda llevada adelante por el ex ministro Domingo Cavallo.
Los títulos subyacentes que se reintegrarán a los inversores son papeles que se encuentran nominados en dólares (Global, eurobonos, etc.) o pesificados (BONTES, BOCON, LETES, etc.), y que en todos los supuestos están en default y sujetos a la próxima reestructuración de la deuda, que seguramente incluirá importantes quitas explícitas o implícitas (vía extensión de plazos y reducción de la tasa de interés).
Podría decirse que la flamante medida importa otra vulneración de los derechos de los acreedores argentinos, que nuevamente ven que el Estado no toma en cuenta sus legítimos reclamos cuando se disponen actos vinculados a la deuda en default. Bajo los términos legales de los préstamos garantizados, cada inversor tiene la opción de quedarse en ellos (en la moneda de origen) o de pasarse a los títulos subyacentes. Y también a participar en el canje internacional desde los préstamos garantizados.
Ahora el Estado les prohíbe permanecer en préstamos garantizados en dólares. Estos inversores preferían quedarse en estos instrumentos en dólares, ya que no habían optado por retornar voluntariamente a los títulos subyacentes (cuando tuvieron la opción de hacerlo) ni aceptaron su pesificación.
Recordemos que sólo 3.000 millones de dólares sobre un universo inicial de u$s 42.000 millones en préstamos garantizados habían optado por retornar a los títulos subyacentes, y del resto, aproximadamente la mitad había aceptado la pesificación de sus tenencias («el Estado dio la opción de aceptar la pesificación con una ametralladora en la mano», según dijo un tribunal de Mendoza objetando aquella pesificación), y la otra mitad aspiraba a quedarse con los préstamos garantizados en la moneda de origen (dólares).
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